Gran Bretaña extendió licencias petroleras en Malvinas y sumó tensión antes del discurso de Milei en la ONU

• Las autoridades británicas extendieron por cinco años las licencias petroleras offshore vigentes en Malvinas con respaldo de Londres.
• La medida incluye la posibilidad de una prórroga adicional de dos años si las empresas cumplen los programas de exploración previstos.
• El proyecto Sea Lion continúa siendo el principal foco de la disputa por su potencial producción de petróleo a partir de 2028.
• La Argentina profundizó acciones judiciales y administrativas contra las compañías que operan sin autorización nacional en la zona.
• Javier Milei llevará el reclamo por la soberanía de Malvinas como uno de los ejes centrales de su discurso ante la ONU.
• El Gobierno argentino sostiene que la autodeterminación no resulta aplicable en un caso que considera una situación de colonialismo.

La decisión de las autoridades británicas en las Islas Malvinas de extender por cinco años las licencias vigentes para la exploración de hidrocarburos offshore volvió a colocar la disputa por la soberanía y los recursos naturales del archipiélago en el centro de la agenda bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. La medida, respaldada por Londres, fue anunciada en la antesala de la participación del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el reclamo por Malvinas ocupará un lugar central en su exposición.

La resolución alcanza a todas las licencias actualmente en etapa de exploración y contempla una prórroga inicial de cinco años, con la posibilidad de extenderla por otros dos si las empresas cumplen de manera satisfactoria los programas de trabajo establecidos para cada proyecto.

El comunicado difundido por la administración británica en las islas señala que el Departamento de Recursos Minerales ya trabaja junto a las compañías involucradas para ampliar los planes de exploración durante el período adicional. Entre los objetivos figura profundizar el conocimiento del potencial hidrocarburífero de la zona mediante nuevas perforaciones y pozos de evaluación.

La medida fue presentada por las autoridades isleñas como una herramienta para brindar previsibilidad a las empresas que operan en la región. Desde ese sector sostuvieron que la continuidad de las licencias permitirá mantener las inversiones y avanzar en el desarrollo de los recursos naturales bajo criterios ambientales y de seguridad que, según plantearon, buscan generar beneficios de largo plazo para los habitantes del archipiélago.

El anuncio también incluyó la aprobación de la incorporación de Navitas Petroleum Atlantic Limited como titular del 65% de la licencia PL001, un bloque ubicado junto al proyecto Sea Lion. La participación de la subsidiaria de la empresa israelí Navitas Petroleum había sido acordada previamente con JHI Associates y, según la administración británica, apunta a acelerar el desarrollo de esa área estratégica.

Sea Lion se convirtió en uno de los principales focos de la controversia entre ambos países. El yacimiento, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, ingresó en etapa de desarrollo con la expectativa de iniciar la producción comercial de petróleo en marzo de 2028. Las autoridades británicas proyectan que el emprendimiento podría generar ingresos por regalías estimados en unos 2.000 millones de dólares durante las próximas tres décadas.

Frente a este escenario, el Gobierno argentino intensificó su estrategia para frenar el avance de los proyectos hidrocarburíferos que considera ilegales por desarrollarse en una plataforma continental cuya jurisdicción reclama como propia. En las últimas semanas impulsó denuncias penales contra las compañías involucradas y sus accionistas, además de iniciar procedimientos administrativos orientados a aplicar sanciones.

La ofensiva judicial también tuvo un capítulo en la Justicia Federal de Río Grande, donde una medida cautelar ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion. La resolución alcanzó actividades de perforación, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial prevista para los próximos años.

El endurecimiento de la posición argentina había comenzado a tomar forma tras el anuncio presidencial del 3 de septiembre, cuando Milei presentó un paquete de medidas destinado a reforzar la defensa de la soberanía. Entre ellas figuran un decreto para incrementar las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina, un proyecto legislativo orientado a fortalecer la protección de los derechos soberanos y el financiamiento de una base naval en Tierra del Fuego.

Ese contexto le otorga una dimensión especial al discurso que el mandatario pronunciará ante la Asamblea General de la ONU. Desde la Casa Rosada anticiparon que la cuestión Malvinas será uno de los tres ejes principales de su intervención, junto con cuestionamientos al funcionamiento del organismo internacional y una defensa del desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante su exposición, Milei buscará reafirmar que la Argentina rechaza la aplicación del principio de autodeterminación en el caso del archipiélago por tratarse de una situación de colonialismo. Ese planteo retoma la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que llamó a ambos países a resolver la controversia mediante negociaciones bilaterales.

Mientras el Gobierno argentino sostiene que la causa Malvinas constituye un reclamo irrenunciable y profundiza su estrategia diplomática y judicial, el Reino Unido mantiene su respaldo a la administración del archipiélago y reafirma su posición sobre la soberanía de las islas. En ese marco, la reunión prevista entre Milei y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aparece como una nueva instancia en la que la Argentina buscará reforzar internacionalmente su reclamo.