Las causas judiciales que ponen bajo presión al peronismo cordobés de cara a 2027

El escenario electoral de Córdoba rumbo a 2027 comienza a incorporar un nuevo elemento de disputa: las investigaciones y causas judiciales que involucran a dirigentes, exfuncionarios y referentes vinculados al peronismo provincial.

En la oposición ya analizan utilizar esos antecedentes para trasladar a la campaña provincial situaciones originadas en distintos municipios y departamentos del interior. La estrategia parte de una premisa: si el oficialismo busca separar la elección cordobesa de la disputa nacional, sus adversarios intentarán que los conflictos políticos y judiciales de cada territorio tengan impacto sobre la discusión provincial.

El debate adquiere relevancia porque varios dirigentes que dejaron sus cargos tras las elecciones de 2023 podrían intentar regresar a la competencia en 2027, mientras que otros continúan vinculados a estructuras políticas o administrativas.

El caso que encendió las alarmas

Uno de los episodios que mayor impacto tuvo recientemente fue el de José “Hachazo” Villarreal, exasesor del legislador Ramón “Cañito” Flores. Villarreal quedó involucrado en una investigación vinculada con delitos contra menores y su situación volvió a poner bajo la lupa a otros colaboradores que habían formado parte del equipo del dirigente de Río Seco.

El caso generó además consecuencias políticas para Flores, quien había solicitado licencia de su banca en la Legislatura en medio del avance de la investigación.

Para la oposición, el episodio puede transformarse en uno de los argumentos para cuestionar el funcionamiento de determinadas estructuras políticas del interior y exigir mayores controles sobre la selección de candidatos y colaboradores.

Un mapa de causas que atraviesa distintos departamentos

Los dirigentes opositores también ponen el foco sobre otros expedientes judiciales que involucran a exintendentes y exfuncionarios de distintos puntos de Córdoba.

Entre ellos aparece Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad provincial, cuyo juicio por una causa iniciada a partir de la denuncia de una expareja tiene fecha fijada para el 3 de noviembre de 2026. La acusación incluye abuso sexual con acceso carnal, lesiones, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas.

Otro caso reciente es el de Pablo Ortiz, dirigente de Alta Gracia y hasta esta semana vicepresidente de Cormecor. Ortiz fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y por delitos contra la propiedad a partir de una denuncia de su expareja. Luego de conocerse la imputación, presentó su renuncia al cargo en Cormecor.

La investigación continúa en la Justicia y la imputación, por sí misma, no implica una condena ni determina responsabilidad penal.

También permanece bajo investigación Víctor Vera, exintendente de Tancacha y actual funcionario vinculado al Centro Cívico de Río Tercero, a raíz de una denuncia presentada por la familia de una estudiante. La causa se encuentra en etapa de investigación y, según los reportes publicados, Vera no está imputado.

La oposición prepara una estrategia territorial

En los sectores opositores sostienen que estos casos podrían adquirir una dimensión política mayor durante la campaña de 2027.

La idea que comienza a tomar forma es provincializar conflictos originados en municipios y departamentos, vinculándolos con la conducción de Hacemos Unidos por Córdoba y con la capacidad del oficialismo para controlar a sus dirigentes territoriales.

El objetivo político sería convertir las causas y denuncias en parte de una discusión más amplia sobre renovación dirigencial, controles internos y selección de candidatos.

La estrategia también podría adquirir relevancia si el oficialismo provincial decide adelantar las elecciones para evitar que la campaña local quede absorbida por la competencia nacional.

La decisión que deberá tomar el Panal

En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posición que adoptará el Gobierno provincial frente a los dirigentes que busquen regresar a la actividad política después de haber quedado involucrados en investigaciones, denuncias o condenas.

El antecedente de Marcos Juárez, donde el peronismo respaldó una candidatura asociada con una renovación dirigencial, es observado como una posible referencia dentro del oficialismo.

La pregunta que empieza a instalarse es si esa lógica de renovación tendrá continuidad en 2027 o si el peronismo volverá a respaldar a dirigentes con trayectoria previa en sus respectivos territorios.

Para el oficialismo provincial, la definición tendrá una dimensión electoral además de política: deberá decidir qué dirigentes estarán en condiciones de representar al espacio en cada departamento y qué costo podría tener la continuidad de determinadas figuras.

Así, mientras el peronismo comienza a delinear su estrategia para 2027, la oposición prepara un discurso centrado en los antecedentes judiciales de distintos referentes territoriales. La forma en que el oficialismo responda a esos casos será uno de los elementos que podrían marcar la discusión política durante la campaña.