Denuncia por presunto abuso sacude a la Legislatura de Córdoba y genera tensión dentro de la UCR

Una denuncia por presunto abuso sexual volvió a generar preocupación en la Legislatura de Córdoba y esta vez involucró directamente a un dirigente vinculado al radicalismo. Se trata de Omar Ludueña, histórico referente de la Seccional Cuarta, empleado de planta permanente de la Unicameral y actualmente afectado al despacho de la legisladora radical Alejandra Ferrero.

El caso tomó estado público en los últimos días luego de que una mujer del entorno familiar de Ludueña realizara una denuncia pública en la que lo señaló por hechos de presunto abuso sexual que, según su relato, habrían ocurrido durante su infancia.

Ante la gravedad de la acusación, Ferrero presentó el pasado 8 de septiembre una nota dirigida a la vicegobernadora Myrian Prunotto, en la que solicitó que el empleado sea apartado temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla el proceso correspondiente y se determina qué ocurrió.

La legisladora explicó que tomó conocimiento de la situación a partir de una publicación realizada en redes sociales por una persona que manifestó haber sido víctima de delitos de abuso sexual durante su infancia, los cuales atribuyó presuntamente al dirigente.

En su presentación, Ferrero pidió que se adopten “con carácter urgente” las medidas necesarias para disponer el apartamiento de Ludueña de sus funciones hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados.

El pedido de apartamiento abrió una discusión política

La presentación realizada por Ferrero apunta al apartamiento preventivo del empleado y no plantea su expulsión de la Legislatura. Esa diferencia generó cuestionamientos en distintos sectores de la Unicameral, donde algunos dirigentes consideran que la UCR debería avanzar con una medida más contundente.

El debate también quedó atravesado por un antecedente reciente: el bloque radical había pedido la expulsión del entonces legislador Ramón “Cañito” Flores, en medio de otra controversia que involucró al dirigente.

Más allá de las disputas internas, el episodio volvió a instalar una discusión más amplia sobre los mecanismos institucionales para actuar frente a denuncias de extrema gravedad cuando las personas involucradas forman parte de organismos públicos.

El recorrido de Ludueña en la Legislatura

Ludueña forma parte de la estructura permanente de la Legislatura desde hace más de una década. Según los antecedentes difundidos sobre su trayectoria, ingresó a la Unicameral en 2011, durante el período en que Rodrigo de Loredo ocupaba una banca, vinculado entonces con la legisladora Elisa Caffaratti.

En 2015 rindió un concurso y pasó a formar parte de la planta permanente de la Legislatura.

Posteriormente, cuando Alejandra Ferrero asumió como legisladora en diciembre de 2023, Ludueña habría comenzado a desempeñar tareas en su despacho como asistente legislativo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la situación habría comenzado a circular dentro del ámbito político durante agosto. La persona que realizó la acusación habría tomado contacto a través de redes sociales con Rodrigo de Loredo. A partir de esa comunicación, el dirigente radical y Caffaratti realizaron una exposición para dejar asentada la situación.

Luego de conocer esos antecedentes, Ferrero elevó formalmente el pedido de apartamiento a la vicegobernadora.

Un nuevo golpe a la imagen de la Legislatura

El episodio adquiere una particular dimensión política porque la denuncia no surgió inicialmente como parte de una confrontación entre el oficialismo provincial y la oposición. Por el contrario, la situación comenzó a ser expuesta dentro del propio espacio radical.

La sucesión de denuncias y controversias que en los últimos tiempos alcanzaron a integrantes de la Legislatura vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos institucionales disponibles para abordar situaciones de esta naturaleza.

Por tratarse de acusaciones especialmente graves, cualquier avance deberá estar acompañado por las actuaciones de la Justicia y por las garantías correspondientes para todas las partes involucradas.

Mientras tanto, el caso vuelve a impactar sobre la imagen de la Unicameral. El desafío institucional será evitar que una denuncia de semejante gravedad quede absorbida por la disputa política cotidiana y garantizar que existan respuestas claras, independientemente del bloque al que pertenezcan las personas involucradas.