El Banco Central pone un tope de cuota del 30% de los ingresos para otorgar créditos

La entrada en vigencia del nuevo mecanismo de Cobro con Transferencia (CCT), dispuesto por el Banco Central para automatizar el pago de créditos y reemplazar al cuestionado DEBIN, introduce una regulación clave para la protección de la economía familiar: la imposición de un límite estricto del 30% en la relación cuota-ingreso al momento de originar cada préstamo. Esta medida busca fijar un techo prudencial al endeudamiento, impidiendo que el pago mensual del financiamiento absorba una porción desmedida del salario o de los recursos del tomador.

Al restringir la exigencia financiera a no más de un tercio de lo que percibe el cliente, la autoridad monetaria persigue el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento de los usuarios en un contexto de alta sensibilidad social. Este tope regulatorio aplica de forma obligatoria para todos los contratos procesados bajo la modalidad CCT, los cuales deberán estructurarse mediante cuotas fijas e iguales durante toda la vida del préstamo. Además, la normativa establece que la entidad acreditante solo podrá aplicar este débito automático sobre la cuenta específica donde se depositó el dinero, garantizando que el usuario mantenga el control sobre el resto de sus ingresos.

Para resguardar a los deudores frente a eventuales iliquideces, el esquema complementa el techo del 30% con un protocolo de cobro sin maniobras abusivas, permitiendo únicamente un intento inicial y hasta dos reintentos —a las 48 y 96 horas— en caso de no encontrar fondos disponibles. A su vez, se exige un consentimiento explícito e informado antes de cada débito, sumado al envío de un aviso electrónico el día hábil previo a la extracción, con la posibilidad permanente de que el cliente pueda revocar la autorización de manera inmediata.

Si bien las entidades bancarias prevén un uso moderado del sistema por sus restricciones operativas respecto a las cuentas de destino, la pauta del 30% sienta un precedente normativo obligatorio tanto para los bancos tradicionales como para los proveedores no financieros de crédito. De esta manera, el Banco Central procura equilibrar la cobrabilidad de las instituciones con la capacidad real de pago de las familias, protegiendo los ingresos esenciales de los ciudadanos frente al compromiso de nuevas deudas.