¿Los servicios de inteligencia operan en Córdoba? Las sospechas que agitan la política rumbo a 2027

Una declaración del ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, pasó relativamente desapercibida, pero dejó planteado un interrogante que vuelve a aparecer en los círculos políticos de la provincia: ¿existe una operación de los servicios de inteligencia sobre la política cordobesa?

El funcionario había sido cuestionado por información que indicaba que había permanecido fuera del país durante una parte significativa del año. Al responder, Acosta sostuvo que estaba convencido de que detrás de esos datos se encontraban “los servicios”, en referencia a organismos de inteligencia.

La acusación no tuvo mayores consecuencias públicas en ese momento. Sin embargo, en los últimos días volvió a circular en ámbitos políticos, empresariales, judiciales y periodísticos de Córdoba la versión de que estructuras vinculadas a la inteligencia podrían estar desarrollando actividades en la provincia.

No existen, al menos públicamente, elementos que permitan confirmar esas versiones. Pero la posibilidad genera inquietud en un escenario en el que las principales fuerzas políticas comienzan a prepararse para las elecciones de 2027.

Una relación histórica con la política

La relación entre los organismos de inteligencia y el poder político argentino tiene una larga trayectoria. Desde la creación de la Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE) en 1946, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, los servicios estuvieron vinculados con las disputas internas del poder.

Con el paso de las décadas, el organismo atravesó diferentes transformaciones y denominaciones. Durante distintos gobiernos democráticos y de facto, la estructura de inteligencia adquirió un peso considerable en cuestiones vinculadas con la seguridad, la información política y el seguimiento de sectores considerados opositores.

Durante la última dictadura militar, los organismos de inteligencia desempeñaron un papel central dentro del aparato represivo del Estado.

Con el regreso de la democracia, los sucesivos gobiernos intentaron modificar el funcionamiento de esas estructuras y subordinarlas al poder civil. Sin embargo, las agencias conservaron espacios de autonomía y continuaron siendo consideradas actores relevantes dentro del entramado político.

Durante los años noventa, la inteligencia también quedó asociada a distintas investigaciones judiciales y a relaciones informales entre operadores políticos, funcionarios y sectores de la Justicia.

Posteriormente, durante el kirchnerismo, figuras como Antonio Stiusso adquirieron un peso considerable dentro del sistema de inteligencia, mientras que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner mantuvieron relaciones diferentes con la estructura.

En 2015, la entonces Secretaría de Inteligencia fue reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que durante el gobierno de Mauricio Macri quedó bajo la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La historia muestra así que los organismos de inteligencia estuvieron presentes, con distintos niveles de influencia, en prácticamente todas las etapas de la política argentina contemporánea.

Las versiones que circulan en Córdoba

En Córdoba, las versiones sobre una eventual actividad de los servicios no pasan de ser, por ahora, rumores y sospechas sin confirmación pública.

En ámbitos vinculados con la política y el poder económico se mencionan supuestos videos, audios y documentos que podrían comprometer a dirigentes. Algunas versiones incluso hablan de la existencia de material capaz de condicionar candidaturas o modificar estrategias electorales.

La dificultad para verificar estas afirmaciones es inherente a la propia naturaleza de las actividades de inteligencia. Sin documentación comprobable, identificar quién produce determinado material, con qué objetivo y bajo qué estructura resulta prácticamente imposible.

Eso no impide, sin embargo, que las sospechas comiencen a influir en el comportamiento de dirigentes y operadores políticos.

El fantasma de 2027

La cuestión adquiere especial relevancia porque Córdoba se encamina hacia una elección provincial que promete ser altamente competitiva.

El oficialismo provincial buscará conservar el poder, mientras distintos sectores opositores intentarán construir una alternativa capaz de desplazar al peronismo cordobés del gobierno.

En ese contexto, la circulación de información reservada, filtraciones, audios o videos podría convertirse en una herramienta de presión dentro de una campaña cada vez más agresiva.

Por ahora no existen pruebas públicas que permitan afirmar que los servicios de inteligencia estén operando en Córdoba. Pero la sola sospecha ya comenzó a instalarse en determinados sectores del poder.

A medida que avance el calendario electoral, una pregunta podría adquirir cada vez mayor relevancia: si detrás de las filtraciones y operaciones que aparezcan durante la campaña existe solamente la disputa política tradicional o también participan estructuras de inteligencia.

La respuesta, por el momento, permanece en el terreno de las conjeturas. Y en una elección como la que se proyecta para 2027, la incertidumbre puede convertirse en una herramienta política por sí misma.