Tolosa Paz volvió a cruzar a Caputo por los fondos del SISVIAL y ratificó su denuncia judicial

• Victoria Tolosa Paz ratificó su denuncia penal contra Luis Caputo por el presunto desvío de fondos del SISVIAL.
• La diputada negó haber votado el Presupuesto 2026 y cuestionó la interpretación del artículo 59 realizada por el ministro.
• Tolosa Paz sostiene que los recursos del SISVIAL tienen un destino específico vinculado con las rutas nacionales.
• La legisladora afirmó que el 76% de los fondos estaría colocado en operaciones financieras y reclamó explicaciones sobre su utilización.
• El conflicto también involucra los mecanismos de información y control que el Poder Ejecutivo debe brindar al Congreso.
• Tolosa Paz anunció que continuará la ofensiva judicial y parlamentaria para determinar el destino de los fondos cuestionados.

La disputa entre la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el ministro de Economía, Luis Caputo, sumó un nuevo capítulo a partir de la denuncia penal presentada por la legisladora por el presunto desvío de fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. La dirigente peronista rechazó las explicaciones del funcionario y sostuvo que el Gobierno no puede disponer libremente de recursos que tienen un destino específico establecido por ley.

El enfrentamiento se profundizó luego de que Caputo cuestionara la presentación judicial y la vinculara con una estrategia de la oposición. El ministro sostuvo que la utilización de los fondos había sido contemplada en el Presupuesto aprobado por el Congreso y afirmó que la propia Tolosa Paz había votado esa norma. También planteó que los recursos públicos son fungibles y que los gobernadores no habían formulado reclamos por la situación.

La respuesta de la diputada fue inmediata y apuntó directamente contra esos argumentos. Tolosa Paz negó haber votado a favor del Presupuesto 2026 y sostuvo que el artículo 59 de esa ley no constituye una autorización para modificar arbitrariamente el destino de los recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado, conocido como SISVIAL.

La discusión no se limita, de esta manera, a una diferencia política entre una legisladora opositora y el titular del Palacio de Hacienda. En el centro del conflicto aparece una cuestión institucional relacionada con el destino de recursos públicos y con las facultades del Poder Ejecutivo para administrar fondos afectados a determinadas finalidades.

Según la denuncia impulsada por Tolosa Paz, los recursos del SISVIAL deberían utilizarse para financiar obras y tareas vinculadas con las rutas nacionales. La diputada cuestiona que una parte de ese dinero haya sido destinada a operaciones financieras y sostiene que el Presupuesto no puede interpretarse como una habilitación general para disponer de los fondos sin respetar su finalidad.

La legisladora también puso el foco en los mecanismos de control parlamentario. De acuerdo con su planteo, el jefe de Gabinete debe informar periódicamente al Congreso sobre el movimiento y utilización de los fondos fiduciarios, incluyendo transferencias, obras realizadas y operaciones financieras. Para Tolosa Paz, esas obligaciones de información son relevantes para determinar qué ocurrió con los recursos del sistema vial.

Uno de los datos más sensibles de la denuncia es la afirmación de que alrededor del 76% de los fondos del SISVIAL se encontraría colocado en operaciones financieras. La diputada vinculó esa situación con información surgida de una investigación periodística y cuestionó que recursos destinados a infraestructura vial permanezcan afectados a instrumentos financieros en lugar de aplicarse a las obras para las que fueron establecidos.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la administración de los recursos debe analizarse dentro del funcionamiento general de las cuentas públicas y defiende el criterio según el cual el dinero estatal puede ser administrado de acuerdo con las necesidades financieras del momento. Esa diferencia conceptual es precisamente uno de los puntos que deberán determinarse en el ámbito judicial y parlamentario.

La acusación de Tolosa Paz también incorpora una dimensión política. La diputada considera que el Ejecutivo debe explicar públicamente el destino de los fondos y no limitarse a responder que la denuncia forma parte de una disputa opositora. Para la legisladora, el debate sobre el SISVIAL constituye una oportunidad para discutir los límites de la administración de recursos afectados y el nivel de control que corresponde ejercer sobre las decisiones económicas del Gobierno.

La controversia llega, además, en un momento en el que la inversión en infraestructura y el estado de las rutas nacionales forman parte de una discusión más amplia sobre las prioridades del gasto público. La reducción de determinadas partidas y la decisión oficial de limitar la participación del Estado en obras de infraestructura generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Tolosa Paz decidió convertir el conflicto en una ofensiva simultánea en dos ámbitos. Por un lado, ratificó la denuncia penal contra Caputo y anticipó que continuará buscando respuestas en la Justicia. Por otro, anunció que llevará el tema al Congreso y reclamará explicaciones al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El resultado de esa estrategia dependerá ahora de la documentación que pueda incorporarse al expediente judicial y de las explicaciones que brinde el Gobierno. La discusión central será determinar si los recursos cuestionados fueron administrados dentro de las facultades otorgadas por el Presupuesto y las normas que regulan el SISVIAL o si, como sostiene la diputada, fueron utilizados para una finalidad diferente de aquella para la que habían sido asignados.

Más allá del enfrentamiento personal entre Tolosa Paz y Caputo, el caso plantea una discusión que excede a sus protagonistas: hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo en la administración de recursos con destino específico y cuáles son los mecanismos efectivos para controlar su utilización. Esa será, finalmente, la cuestión que deberá quedar despejada.