Créditos en dólares: el Gobierno busca reactivar el consumo mientras el crecimiento todavía no llega a todos

• El Gobierno apuesta al crédito en dólares para ampliar el financiamiento empresarial y acelerar la recuperación económica.
• Los depósitos privados en moneda estadounidense superan los 40.000 millones de dólares y ofrecen margen para aumentar los préstamos.
• El crédito destinado a las familias continúa limitado por el aumento de la morosidad y la mayor cautela de los bancos.
• La remonetización aparece como otro de los pilares oficiales, aunque la expansión de la oferta monetaria será gradual.
• Los ingresos reales siguen siendo un problema debido a que salarios y jubilaciones tienen dificultades para superar la inflación.
• El Gobierno necesita que el crecimiento del PBI llegue al consumo antes de las elecciones, pero enfrenta obstáculos para lograr una recuperación inmediata.

La flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno se inscribe en una estrategia más amplia destinada a acelerar la recuperación de la economía y conseguir que el crecimiento deje de concentrarse en algunos sectores para comenzar a sentirse con mayor fuerza en el consumo interno. El objetivo oficial es que la mejora de la actividad pueda trasladarse progresivamente a los sectores que todavía permanecen rezagados, aunque las autoridades enfrentan dificultades para conseguir resultados inmediatos.

La apuesta por el denominado efecto derrame apunta a que las actividades que atraviesan una etapa de fuerte expansión impulsen al resto de la economía. Sin embargo, ese proceso requiere tiempo y no necesariamente genera una recuperación rápida del poder adquisitivo ni de las ventas. Por ese motivo, el crédito aparece como una de las herramientas centrales para intentar acelerar la circulación de recursos durante los próximos meses.

En ese contexto, el Banco Central permitirá que los bancos otorguen préstamos en dólares a empresas que no sean exportadoras ni proveedoras directas de compañías exportadoras. La medida amplía de manera significativa el universo de potenciales tomadores de financiamiento y establece como límite el equivalente al 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad.

El margen disponible resulta considerable. Los depósitos privados en dólares ya superan los 40.000 millones de dólares, mientras que el sistema financiero mantiene préstamos por unos 24.000 millones. Con esa capacidad de fondeo, las entidades cuentan con espacio para ampliar el crédito, especialmente si las empresas encuentran atractivas las tasas ofrecidas.

El crecimiento de los préstamos en moneda estadounidense constituye, además, uno de los datos que explica la decisión oficial. Las financiaciones en dólares avanzan a un ritmo interanual cercano al 45%, impulsadas por tasas relativamente bajas y por la disponibilidad de fondos bancarios. La intención es que esa dinámica comience a alcanzar actividades que hasta ahora no podían acceder con facilidad a este tipo de financiamiento.

Una eventual mayor demanda también podría generar competencia entre los bancos por captar depósitos en dólares. Para conseguir nuevos fondos, las entidades podrían ofrecer mejores rendimientos a los ahorristas, mientras el Gobierno busca acompañar el proceso mediante nuevas medidas vinculadas con la regularización de activos y el denominado plan de Inocencia Fiscal.

Sin embargo, el crédito en dólares no resuelve por sí solo el problema del consumo. El sistema financiero se muestra más cauteloso a la hora de financiar a las familias debido al incremento de la morosidad. Esa situación dificulta una recuperación sostenida de las compras de bienes durables, como electrodomésticos, productos electrónicos y automóviles, rubros que habían experimentado una mejora durante parte de 2024 y 2025.

Otro de los objetivos oficiales es avanzar con una remonetización de la economía. La intención es ampliar gradualmente la cantidad de dinero disponible mediante una mayor compra de divisas o a través de una menor absorción de pesos por parte del Tesoro. No obstante, el proceso se desarrolla con cautela y la expansión monetaria prevista será gradual.

El tercer factor está relacionado con los ingresos reales. Allí aparece uno de los principales obstáculos. Mientras algunas prestaciones sociales muestran una evolución favorable frente a la inflación, los salarios privados apenas consiguen acompañar el aumento de los precios. A esto se suma el impacto de las tarifas, que reduce el ingreso disponible de los hogares.

Las jubilaciones también permanecen bajo presión. Incluso considerando los bonos destinados a los haberes mínimos, la recuperación frente a la inflación continúa siendo insuficiente para generar un cambio significativo en el consumo.

El repunte de los precios durante julio agrega una dificultad adicional. Si la inflación vuelve a ganar fuerza, cualquier mejora nominal de salarios, jubilaciones o prestaciones puede quedar rápidamente neutralizada.

Así, el Gobierno enfrenta el desafío de conseguir que el crecimiento esperado del PBI, superior al 2,5% durante este año, tenga un impacto concreto sobre la vida cotidiana. La ampliación del crédito, la remonetización y la recuperación de los ingresos forman parte de la estrategia, pero ninguno de esos motores muestra todavía la potencia suficiente para garantizar una mejora rápida de los sectores más postergados.

La proximidad del calendario electoral puede incrementar la presión sobre el Ejecutivo. Mientras los hogares esperan una recuperación más visible de su capacidad de compra, los inversores seguirán observando si la expansión económica logra transformarse en consumo y actividad generalizada.