La oposición busca destrabar más de 500 proyectos y analiza llevar el conflicto del Concejo a la Justicia

Los bloques opositores del Concejo Deliberante de Córdoba avanzaron con una acción conjunta para denunciar lo que consideran un bloqueo sistemático al tratamiento de sus iniciativas legislativas y advirtieron que podrían recurrir a la Justicia si la situación no se revierte.

Las concejalas Elisa Caffaratti, Graciela Villata, Soher El Sukaría y Jessica Rovetto presentaron un pedido formal de "pronto tratamiento" ante el viceintendente Javier Pretto, en el que cuestionan el funcionamiento de las comisiones y sostienen que existe una demora deliberada en el análisis de los proyectos impulsados por la oposición.

Según el planteo, unas 535 iniciativas permanecen sin tratamiento, situación que atribuyen a una interpretación del reglamento interno que, a su entender, favorece al oficialismo y limita la participación de las minorías.

Acusan un uso discrecional del reglamento

Las ediles señalaron que el artículo 94 del reglamento establece que los expedientes deben ser tratados respetando el orden de ingreso, aunque contempla la posibilidad de modificar ese criterio por razones de oportunidad.

Sin embargo, sostienen que esa excepción estaría siendo utilizada de manera permanente para postergar proyectos presentados por la oposición, que permanecen durante meses sin ser incorporados al temario de las comisiones y, por lo tanto, sin posibilidad de llegar al recinto para su debate.

Desde los bloques minoritarios afirman que esta práctica convierte en meramente testimonial su tarea legislativa y afecta el normal funcionamiento del cuerpo.

Posible judicialización

En la presentación, las concejalas argumentan que la demora no constituye un simple retraso administrativo, sino una desviación del procedimiento legislativo que vulnera principios de representación democrática, división de poderes y funcionamiento institucional.

Además, consideran que la situación también podría contradecir normas previstas en la Constitución provincial, la Carta Orgánica Municipal y la legislación sobre procedimientos administrativos.

Por ese motivo, solicitaron que los expedientes sean incorporados de inmediato a las agendas de las comisiones y dejaron expresada la posibilidad de iniciar acciones judiciales si no obtienen una respuesta favorable.

Un conflicto con impacto institucional

La eventual intervención de la Justicia aparece como uno de los aspectos más relevantes del conflicto.

Especialistas señalan que, si la discusión se encuadra únicamente como un problema administrativo, será difícil que los tribunales interfieran en el funcionamiento interno del Concejo Deliberante.

No obstante, si la oposición logra plantear el caso como un conflicto de atribuciones que afecte los derechos constitucionales de las minorías parlamentarias, la controversia podría adquirir una mayor relevancia institucional y llegar a instancias superiores de la Justicia provincial.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre oficialismo y oposición suma un nuevo capítulo, con el funcionamiento de las comisiones legislativas en el centro del debate y la posibilidad de que el conflicto trascienda el ámbito político para resolverse en los tribunales.