La Cámara Federal de Córdoba atraviesa una etapa de cambios en medio de denuncias y desafíos institucionales

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se prepara para incorporar a dos nuevos integrantes mientras continúa atravesando un escenario de fuerte tensión institucional marcado por denuncias que involucran a magistrados del tribunal y por los desafíos que plantea la futura implementación del nuevo sistema procesal penal.

María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo aparecen como los candidatos para cubrir las vacantes existentes desde 2021 y 2023. Si sus pliegos avanzan sin inconvenientes, podrían asumir sus funciones en los próximos meses y completar la integración del máximo tribunal federal de la provincia.

Sin embargo, su llegada se producirá en un contexto complejo. En las últimas semanas volvieron a tomar estado público distintas presentaciones realizadas contra los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, quienes enfrentan denuncias de diversa naturaleza que ya son objeto de actuaciones administrativas y judiciales.

Entre las acusaciones presentadas ante el Consejo de la Magistratura figuran presuntas irregularidades en la conformación de salas para intervenir en determinados expedientes, denuncias por violencia laboral e institucional y cuestionamientos vinculados con la declaración de bienes patrimoniales. Los denunciantes solicitaron además que se evalúe la apertura de un proceso de remoción.

Desde el entorno de los magistrados rechazan las acusaciones y sostienen que varias de ellas ya fueron analizadas anteriormente o se encuentran encaminadas hacia resoluciones favorables para los jueces. También afirman que las presentaciones responden a disputas políticas y descartan que exista un escenario que comprometa la continuidad de ambos en sus cargos.

Paralelamente, durante los últimos días fiscales federales impulsaron una nueva investigación relacionada con un presunto caso de recepción de dádivas. La causa apunta a determinar las circunstancias de viajes realizados por los magistrados en una aeronave vinculada a empresarios cordobeses, un episodio que volvió a instalar el debate sobre la relación entre integrantes del Poder Judicial y sectores del ámbito empresarial.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre la intervención de los jueces en expedientes donde aparecen empresas de relevancia económica, mientras que allegados a los magistrados aseguran que los vínculos personales mencionados en la investigación son conocidos desde hace años y niegan cualquier irregularidad.

En paralelo a estas investigaciones, el proceso de designación de los nuevos camaristas continúa su curso. María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo deberán presentarse ante el Senado para defender sus postulaciones durante la audiencia pública prevista para agosto, instancia en la que también podrán responder observaciones surgidas durante el período de impugnaciones.

De obtener el aval legislativo, ambos asumirán la responsabilidad de integrar un tribunal que enfrenta importantes desafíos institucionales, entre ellos la necesidad de fortalecer la confianza pública en la Justicia Federal y mejorar el funcionamiento interno del organismo.

Otro de los retos será la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, prevista para marzo de 2027 en Córdoba. La reforma transformará el sistema de investigación penal al otorgar un papel central a los fiscales y redefinir las funciones de los jueces, lo que implicará una reorganización del trabajo judicial.

Además, el tribunal deberá afrontar la coexistencia entre las causas iniciadas bajo el régimen actual y las que comiencen a tramitar con el nuevo sistema acusatorio, un proceso que exigirá coordinación y adaptación para evitar demoras.

En ese escenario, la futura integración de la Cámara Federal tendrá el desafío de recuperar la estabilidad institucional y responder a una demanda cada vez más presente en la sociedad: una Justicia más transparente, eficiente y con decisiones adoptadas en plazos razonables.