Ricardo Alfonsín cuestionó el DNU sobre discursos de odio y reclamó que el Congreso revise su constitucionalidad

• Ricardo Alfonsín cuestionó el DNU que modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de expulsión de extranjeros.
• El dirigente sostuvo que la norma presenta problemas de constitucionalidad y deja amplio margen para interpretaciones discrecionales.
• También reclamó que el Congreso analice la validez del decreto y defina su continuidad.
• Alfonsín cuestionó la falta de criterios objetivos para distinguir entre discursos de odio y críticas políticas.
• El ex diputado utilizó expresiones atribuidas al presidente Javier Milei para señalar lo que considera una contradicción en la aplicación de la norma.
• El debate sobre el alcance del decreto comenzó a extenderse al ámbito político y parlamentario.

El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín expresó fuertes críticas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley de Migraciones para habilitar el rechazo de ingreso o la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, inciten a la violencia contra los argentinos o realicen actos considerados ofensivos hacia los símbolos nacionales. El dirigente radical sostuvo que la iniciativa presenta serios cuestionamientos jurídicos e institucionales y pidió que el Congreso analice su validez.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Alfonsín manifestó su rechazo al contenido del decreto y consideró que la norma genera un amplio margen de discrecionalidad para su aplicación. Según explicó, la ausencia de definiciones precisas sobre las conductas alcanzadas por la medida podría derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades encargadas de hacerla cumplir.

El dirigente sostuvo que uno de los principales problemas del texto radica en que no establece parámetros objetivos que permitan diferenciar con claridad cuáles son las expresiones que constituyen un discurso de odio y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de la crítica política. A su entender, esa falta de precisión podría generar conflictos en la aplicación de la normativa.

Además de cuestionar el contenido del decreto, Alfonsín también objetó el mecanismo elegido por el Poder Ejecutivo para impulsar la modificación legal. Consideró que no se encuentran reunidos los requisitos constitucionales que justifican el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia y expresó su expectativa de que ambas cámaras del Congreso analicen la medida y definan su continuidad o eventual rechazo.

Durante sus declaraciones, el ex legislador también apeló a la ironía para expresar sus diferencias con la iniciativa oficial. En ese contexto, propuso incorporar un supuesto anexo al decreto en el que se incluyeran diversas expresiones utilizadas públicamente por el propio presidente Javier Milei durante sus intervenciones políticas.

Según Alfonsín, si la intención de la norma es combatir los discursos de odio, también deberían contemplarse expresiones descalificadoras dirigidas hacia dirigentes políticos, periodistas o instituciones públicas. En ese sentido, mencionó distintas frases pronunciadas por el mandatario en diferentes oportunidades para señalar lo que considera una contradicción entre el contenido del decreto y el estilo discursivo que caracteriza al Presidente.

El DNU 681/2026 incorpora nuevas causales dentro de la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina, su identidad nacional o sus símbolos patrios. La normativa también incluye expresamente los mensajes difundidos tanto de manera oral como escrita.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la modificación responde a la necesidad de reforzar los mecanismos de protección frente a conductas que promuevan la violencia o el desprecio hacia el país y sus instituciones. En ese sentido, remarcan que el objetivo de la medida es preservar la convivencia democrática sin afectar el derecho al disenso político.

El texto del decreto aclara que las críticas políticas o las diferencias ideológicas no constituyen, por sí mismas, causales para la aplicación de las nuevas restricciones migratorias. Sin embargo, ese punto es precisamente uno de los aspectos cuestionados por Alfonsín, quien entiende que la redacción deja abierta la posibilidad de interpretaciones diversas al no establecer criterios suficientemente definidos.

Las declaraciones del ex diputado se suman a las distintas reacciones que generó la publicación del decreto entre referentes políticos y especialistas en derecho constitucional. Mientras algunos sectores respaldan la incorporación de nuevas herramientas para combatir expresiones violentas dirigidas contra el país, otros consideran que la amplitud de los conceptos utilizados podría abrir un debate sobre los límites entre la protección institucional y el ejercicio de la libertad de expresión.

De esta manera, la discusión en torno al DNU 681/2026 comienza a trasladarse también al plano parlamentario, donde diferentes bloques anticipan que analizarán tanto la constitucionalidad del instrumento como el alcance efectivo de las modificaciones introducidas a la legislación migratoria.