Crecen los interrogantes sobre el Ente de Fiscalización de Córdoba

El caso judicial que rodea al bar "Wachitas" no solo puso el foco sobre la investigación penal que se desarrolla en Córdoba, sino que también abrió un fuerte debate sobre el funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control (ENFyC), un organismo municipal que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de los vecinos.

La polémica se instaló luego de que trascendiera que el establecimiento, hoy bajo investigación por presuntas irregularidades, había atravesado distintos procesos de habilitación y controles oficiales antes de ser clausurado. Esa situación derivó en cuestionamientos hacia el sistema de inspecciones y motivó la presentación de explicaciones por parte del director ejecutivo del organismo, Ezequiel Hormaeche, ante el Concejo Deliberante.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el local había cumplido, desde el punto de vista administrativo, con los procedimientos correspondientes de habilitación, inspección y reapertura. Sin embargo, también advirtió que el organismo enfrenta importantes limitaciones operativas derivadas de conflictos internos dentro de la estructura municipal.

Hormaeche señaló que parte de las dificultades provienen de la escasa disponibilidad de personal y de obstáculos administrativos que, según explicó, dificultan el traslado de empleados hacia el Ente de Fiscalización. También hizo referencia a demoras en el acceso a expedientes vinculados con habilitaciones comerciales, situación que, aseguró, afecta la capacidad de control del organismo.

Una reorganización con interrogantes

Tras la repercusión del caso, el municipio avanzó con la creación de una Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública, destinada a reforzar los controles sobre la actividad nocturna y revisar los procesos de habilitación otorgados durante los últimos años.

No obstante, la medida no reemplaza al Ente de Fiscalización, por lo que continúa abierto el debate sobre cómo se reorganizará el área y qué cambios concretos se implementarán para mejorar el sistema de inspecciones.

Conflictos sindicales y nuevas denuncias

En paralelo, el funcionamiento del organismo quedó atravesado por un nuevo frente de conflicto. El sindicato SUTEAEP manifestó su intención de representar a los trabajadores del Ente de Fiscalización y denunció supuestas trabas para avanzar en ese proceso.

Desde esa organización sostienen que existiría resistencia por parte de las autoridades del organismo y plantean dudas sobre el vínculo entre algunos funcionarios y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), un señalamiento que, hasta el momento, no cuenta con resolución oficial.

Entre los cuestionamientos también aparecen referencias a la situación de empleados que solicitaron ser trasladados al Ente de Fiscalización sin obtener autorización, así como observaciones sobre el recorrido administrativo de algunos agentes que sí fueron incorporados al organismo.

Además, el sindicato hizo mención a expedientes vinculados con investigaciones sobre presuntas irregularidades en habilitaciones comerciales, aunque esas afirmaciones deberán ser respaldadas en los ámbitos administrativos o judiciales correspondientes.

Un organismo bajo la lupa

Mientras continúa la investigación sobre el caso que dio origen a la controversia, el Ente de Fiscalización y Control enfrenta un escenario de creciente exposición pública. Las discusiones ya no se limitan al funcionamiento de un establecimiento en particular, sino que abarcan la estructura encargada de controlar la actividad comercial en la ciudad.

El desafío para la Municipalidad será demostrar si las reformas anunciadas alcanzan para fortalecer los mecanismos de fiscalización o si las dificultades señaladas responden a problemas estructurales que aún permanecen sin resolver.