A Marcos Carasso ya le dicen “el Adorni cordobés”

La legisladora provincial Karina Bruno reclamó el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo como vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, luego de que fuera imputado en una causa que investiga una presunta defraudación al PAMI en la ciudad de Río Cuarto.

La dirigente villamariense elevó un proyecto en la Legislatura provincial para que el organismo adopte una decisión institucional mientras avanza la investigación judicial y lanzó una dura crítica política contra el ex intendente de General Cabrera, a quien definió como “el Adorni cordobés”, en referencia a lo que considera una contradicción entre el discurso público de su espacio y los hechos que actualmente analiza la Justicia.

“Estamos hablando del máximo órgano de control de la provincia. Lo mínimo que debe hacerse, por lo menos en mi criterio, es apartarlo”, sostuvo Bruno al fundamentar su pedido.

La legisladora argumentó que la gravedad de las acusaciones, sumada a los allanamientos realizados tanto en dependencias del Tribunal de Cuentas como en domicilios particulares vinculados a la investigación, tornan incompatible la continuidad de Carasso en un organismo cuya función principal es controlar la transparencia de los actos públicos.

Además, cuestionó la ausencia de explicaciones públicas por parte del funcionario y del propio organismo de control. Según señaló, a varios días de que trascendieran los procedimientos judiciales, no hubo una comunicación oficial que brindara precisiones sobre la situación.

“Hablan desde un altar moral sobre cómo debe ejercerse la política, pero cuando aparecen investigaciones por presuntas defraudaciones al Estado, el comportamiento es completamente distinto”, afirmó.

En la misma línea, denunció la existencia de una “doble vara” en el tratamiento de las denuncias que involucran a dirigentes políticos.

“Cuando pasa en otros espacios políticos el castigo es anticipado, moral y ético. Cuando es uno propio, se opta por el silencio”, cuestionó.

Bruno también puso el foco en la sensibilidad del caso por tratarse de recursos pertenecientes al PAMI, organismo encargado de brindar cobertura sanitaria a jubilados y pensionados.

“Estamos hablando de fondos de uno de los sectores más vulnerables, mientras existen problemas con la provisión de medicamentos y con las prestaciones”, expresó.

La legisladora sostuvo que la investigación adquiere una relevancia especial en un contexto donde miles de adultos mayores enfrentan dificultades para acceder a tratamientos médicos y medicamentos esenciales.

Si bien aclaró que Carasso tiene derecho a ejercer plenamente su defensa y a que se respete el principio de inocencia, consideró que su condición de funcionario público exige estándares superiores de responsabilidad institucional y transparencia.

“El hecho de ser funcionario público también te obliga a explicar qué está sucediendo. Lo correcto sería dar un paso al costado mientras se investiga para garantizar transparencia y tranquilidad en el proceso”, remarcó.

Finalmente, recordó que la fuerza política a la que pertenece el vocal investigado cuenta con mayoría dentro del Tribunal de Cuentas, por lo que consideró que existe una responsabilidad directa sobre las decisiones que adopte el organismo frente a esta situación.

Con la presentación del proyecto legislativo, el caso suma ahora un fuerte componente político y abre un nuevo frente de discusión sobre la continuidad de Marcos Carasso en uno de los organismos de control más importantes de la provincia, mientras la Justicia avanza en la investigación por la presunta defraudación al PAMI.