Los ATN vuelven al centro de la disputa política entre la Casa Rosada y los gobernadores

• Los ATN volvieron a instalar la discusión sobre discrecionalidad y federalismo
• El Gobierno mantiene bajo control más de $1,9 billones sin distribuir
• Las provincias aliadas concentran la mayor parte de las transferencias
• La oposición impulsó una ley para eliminar el manejo discrecional de los fondos
• El veto presidencial frenó la automatización del reparto
• La negociación parlamentaria volvió a quedar ligada a la distribución de recursos federales

El reparto de los Aportes del Tesoro Nacional volvió a quedar en el centro de la discusión política luego de que el Gobierno reactivara durante marzo y abril las transferencias a provincias aliadas, en medio de las negociaciones legislativas para garantizar respaldo parlamentario a distintas iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Los denominados ATN constituyen fondos no automáticos que la Nación distribuye entre las provincias por fuera de la coparticipación federal. Aunque originalmente fueron creados para atender emergencias financieras, climáticas o sociales, históricamente estuvieron atravesados por cuestionamientos vinculados a la discrecionalidad política en su asignación.

Desde el Ministerio del Interior, actualmente conducido por Diego Santilli, sostuvieron que la herramienta “se utiliza regularmente” y que las transferencias responden a necesidades concretas planteadas por distintas jurisdicciones. Según explicaron desde esa cartera, muchas provincias debieron afrontar desequilibrios financieros y gastos extraordinarios en el marco del proceso de ajuste y reordenamiento de cuentas públicas impulsado por la Nación.

En lo que va de 2026, el Gobierno distribuyó $121.000 millones en concepto de ATN entre 13 provincias, todas gobernadas por mandatarios con buen vínculo político con la Casa Rosada. El único gobernador peronista incluido en ese reparto fue Raúl Jalil, de Catamarca, uno de los dirigentes opositores más dialoguistas con el oficialismo libertario.

Sin embargo, el volumen de fondos efectivamente distribuidos representa apenas una parte de lo recaudado. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y mayo de este año el fondo acumuló ingresos por $469.681 millones, mientras que el saldo retenido sin repartir supera actualmente los $1,9 billones.

Ese remanente fue justamente uno de los principales focos de conflicto entre la Nación y los gobernadores durante el último año. Tanto mandatarios opositores como aliados reclamaron que los recursos fueran distribuidos automáticamente según los criterios de la Ley de Coparticipación Federal y no quedaran sujetos a la decisión política del Poder Ejecutivo.

La tensión derivó incluso en una ofensiva legislativa. En agosto del año pasado, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado por amplios sectores opositores que eliminaba la discrecionalidad en el manejo de los ATN y obligaba al Ejecutivo a repartir automáticamente el 1% reservado para esos fondos.

La iniciativa recibió respaldo de bloques muy diversos, desde Unión por la Patria hasta sectores de la UCR, Encuentro Federal y fuerzas provinciales. En el Senado también había obtenido una contundente aprobación semanas antes.

No obstante, el presidente Javier Milei vetó la norma en septiembre con el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal de la administración nacional. Aunque posteriormente el Senado rechazó ese veto, Diputados nunca avanzó con la insistencia parlamentaria necesaria para dejar firme la ley, por lo que la decisión presidencial terminó prevaleciendo.

Los números de distribución muestran además una clara concentración de recursos en provincias consideradas estratégicas para la gobernabilidad parlamentaria. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, Misiones y Tucumán encabezaron el ranking de provincias más beneficiadas, con $41.500 millones cada una.

En el caso misionero, la relación política con el oficialismo nacional se volvió determinante por el rol que juegan sus legisladores en votaciones clave dentro del Congreso. Tucumán, por su parte, consolidó un vínculo fluido con la Casa Rosada a partir del posicionamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, quien tomó distancia del kirchnerismo duro y promovió una línea de acompañamiento legislativo al Gobierno.

También aparecen entre las provincias más favorecidas Salta, Entre Ríos, Neuquén, Chaco y Chubut, todas gobernadas por dirigentes con distintos niveles de cercanía política con el oficialismo nacional.

En contraste, ocho distritos no recibieron ATN durante los dos años y medio de gestión libertaria. Entre ellos aparecen Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de la Ciudad de Buenos Aires y San Luis.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof y principal bastión opositor, apenas recibió $10.000 millones en toda la gestión de Milei, una cifra considerablemente menor en relación con su peso poblacional y económico.

La ejecución de los fondos también revela el bajo porcentaje efectivamente distribuido. Durante 2025, la Nación repartió apenas el 22% de los recursos acumulados para ATN, mientras que en 2024 la cifra había sido todavía más reducida: solo un 7%.

Con un fondo millonario bajo control del Poder Ejecutivo y un Congreso donde cada voto adquiere valor estratégico, los ATN volvieron a convertirse en una herramienta central dentro de la negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores.