Crisis política y gestión en pausa: el caso Agostina obliga al llaryorismo a recalcular su estrategia

El gobierno de Martín Llaryora enfrenta uno de los momentos políticos más delicados desde el inicio de su gestión. Mientras el oficialismo provincial intentaba retomar una agenda centrada en obras, programas y gestión con la vista puesta en las elecciones de 2027, el femicidio de Agostina sacudió a Córdoba y alteró por completo las prioridades del escenario político.

La conmoción social generada por el crimen continúa ocupando el centro de la escena pública y amenaza con impactar en la imagen de los principales dirigentes provinciales. Aunque las encuestas que maneja el Ejecutivo corresponden a fines de mayo y todavía no reflejan plenamente las consecuencias del caso, en el Centro Cívico existe preocupación por la evolución del clima social y político.

Los relevamientos más recientes muestran una estabilización en la caída de la imagen del presidente Javier Milei dentro de la provincia y una leve recuperación de la figura de Llaryora. Sin embargo, la principal incógnita es cuánto afectará el femicidio la valoración del gobernador y si la situación terminará fortaleciendo a sectores opositores que vienen cuestionando la respuesta institucional.

En ese contexto, la oposición también busca capitalizar algunos movimientos políticos derivados de la crisis. Cerca del diputado nacional Rodrigo de Loredo destacan como un triunfo propio la salida del exconcejal Ricardo Moreno, luego de las presiones ejercidas desde el bloque opositor en el Concejo Deliberante para impedir que prosperara una licencia que le permitiera mantenerse alejado de la exposición pública sin abandonar formalmente el cargo.

Mientras tanto, en el Palacio 6 de Julio se sigue con atención la estrategia del intendente Daniel Passerini. La Municipalidad de Córdoba quedó especialmente golpeada por las conexiones que fueron apareciendo entre el caso y distintas áreas del Estado municipal. Entre los cuestionamientos figuran los vínculos laborales del principal acusado, la falta de controles administrativos durante períodos en los que estuvo detenido y la continuidad de personas investigadas en estructuras dependientes del municipio.

La salida de Moreno, el regreso de Raúl La Cava al Concejo Deliberante y las conversaciones mantenidas con la senadora Alejandra Vigo formaron parte de una serie de movimientos coordinados entre el gobernador y el intendente para contener el daño político. Sin embargo, la reconstrucción de la confianza quedó principalmente en manos de Passerini, quien enfrenta la tarea de responder a una ciudadanía profundamente conmocionada.

Desde la Provincia sostienen que las actuaciones oficiales vinculadas a la búsqueda de Agostina y la investigación judicial se desarrollaron dentro de los marcos institucionales correspondientes. Bajo esa premisa, la apuesta pasa por permitir que la Justicia avance y evitar intervenciones políticas que puedan interpretarse como oportunistas.

La prudencia también alcanzó a funcionarios con fuerte presencia pública. Uno de los casos más notorios es el del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que redujo significativamente su actividad en redes sociales desde que estalló el caso. Del mismo modo, algunas actividades oficiales fueron reprogramadas, como ocurrió con el lanzamiento del programa laboral +26, postergado para la próxima semana.

Sin embargo, en el oficialismo entienden que la cautela institucional por sí sola no será suficiente. Por eso comienzan a analizarse una serie de gestos políticos destinados a mostrar capacidad de reacción frente a las demandas sociales.

Uno de los temas bajo revisión es la puesta en marcha de la Procuración Penitenciaria, organismo creado a fines de 2025 para fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema carcelario provincial. Aunque depende funcionalmente del Tribunal Superior de Justicia, la iniciativa quedó envuelta en el debate público debido a la situación de uno de sus procuradores adjuntos designados, el fiscal Iván Rodríguez.

Rodríguez quedó bajo observación luego de que se conociera que había intervenido en una causa previa relacionada con el principal acusado del femicidio. Esa circunstancia abrió interrogantes políticos y judiciales sobre la conveniencia de avanzar con su asunción mientras continúan las evaluaciones sobre su actuación.

Frente a ese escenario, una de las alternativas que circulan en ámbitos oficiales es que inicialmente solo asuma la titular del organismo, Bettina Croppi, postergando el resto de las incorporaciones hasta que exista un panorama más claro.

A la discusión institucional se suma otra cuestión sensible: el costo de funcionamiento de la nueva estructura. Dentro del oficialismo algunos dirigentes proponen reducir la cantidad de autoridades y destinar los recursos previstos a reforzar las unidades judiciales y los equipos encargados de recibir denuncias e iniciar investigaciones.

La posibilidad de redireccionar esos fondos aparece como una señal política destinada a responder a las críticas surgidas tras el caso Agostina y a fortalecer las áreas que mantienen contacto directo con las víctimas y sus familias.

Por ahora, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa y volver a instalar una agenda de gestión. Pero el impacto social y político del femicidio sigue condicionando cada movimiento. En Córdoba, la discusión ya no gira solamente en torno a obras, programas o proyecciones electorales: la demanda de respuestas y responsabilidades se convirtió en el eje central de una crisis que todavía está lejos de cerrarse.