Reacomodamientos y medidas de control: la Municipalidad busca contener el impacto político del caso Agostina

La repercusión generada por la investigación en torno a la desaparición y posterior esclarecimiento del caso de Agostina Vega continúa teniendo consecuencias en distintos ámbitos de la gestión municipal. Durante los últimos días, el Ejecutivo impulsó una serie de cambios administrativos y políticos con el objetivo de afrontar la crisis y reducir el impacto institucional derivado del caso.

Uno de los movimientos más relevantes se produjo en el Concejo Deliberante, donde se formalizó la salida de Ricardo Moreno de su banca. En su lugar asumió Raúl La Cava, quien dejó sus funciones dentro del Ejecutivo municipal para regresar al cuerpo legislativo.

La vacante que dejó La Cava al frente de la Secretaría de Políticas Sociales fue ocupada por Andrea Ledesma, una funcionaria de trayectoria dentro del espacio político oficialista y con antecedentes en áreas vinculadas al desarrollo social.

Paralelamente, la administración municipal avanzó con una reorganización dentro de la Secretaría de Gobierno. Como parte de esa reestructuración, las tareas que hasta ahora dependían de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito serán distribuidas entre distintas áreas. Eduardo Ramírez continuará al frente de las cuestiones relacionadas con el tránsito, mientras que Federico Ingaramo encabezará una nueva Subsecretaría de Transporte, encargada de coordinar aspectos vinculados al sistema de transporte urbano y su relación con las empresas prestatarias.

Dentro de ese mismo esquema, Matías Paredes asumirá como director general en el área de Movilidad y Tránsito. Tanto él como Ingaramo provienen de la empresa municipal de transporte Tamse.

Los cambios también implicaron la salida de Iván Contreras y Florencia Barrionuevo de sus respectivos cargos. Estas decisiones se producen en un contexto marcado por investigaciones internas y cuestionamientos vinculados al funcionamiento de algunas dependencias municipales.

Entre los antecedentes recientes figura una causa relacionada con presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir, que derivó en procedimientos judiciales dentro de la Escuela Municipal de Tránsito. A esto se sumó la exposición pública de situaciones administrativas vinculadas a uno de los acusados en la investigación por el caso Agostina, lo que abrió interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de la estructura municipal.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa modificaciones al Estatuto del Empleado Municipal. La propuesta contempla la obligatoriedad de presentar cada seis meses certificados de antecedentes y controles toxicológicos para el personal de la administración.

Mientras tanto, también trascendieron medidas de fiscalización sobre distintos establecimientos comerciales de la ciudad. Entre ellas se encuentran clausuras de locales nocturnos ubicados en Nueva Córdoba, justificadas oficialmente por incumplimientos en materia de habilitación, seguridad e higiene.

Sin embargo, estas decisiones despertaron cuestionamientos debido a que se produjeron en medio de una intensa cobertura mediática relacionada con personas mencionadas en la investigación judicial. Para algunos sectores, la coincidencia temporal alimenta el debate sobre el alcance y las motivaciones detrás de los controles realizados.

Con estos movimientos, el municipio busca recuperar la iniciativa política y reforzar los mecanismos de supervisión interna en un escenario marcado por la sensibilidad pública que generó uno de los casos policiales más resonantes de las últimas semanas.