El Gobierno festeja una victoria judicial, pero busca frenar a la jueza que desató la crisis interna

Mientras el oficialismo intentó mostrar una imagen de fortaleza institucional tras la aprobación de un paquete de designaciones judiciales en el Congreso, puertas adentro continúan las tensiones por el caso de una magistrada cuya candidatura generó fuertes diferencias dentro del propio espacio gobernante.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por debates intensos, cruces políticos y una interna que quedó expuesta públicamente. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se esforzaron por transmitir un mensaje positivo, destacando la aprobación de decenas de pliegos judiciales como un avance en la normalización y fortalecimiento del sistema de Justicia.

Entre los nombramientos avalados por el Senado se encuentra el de Verónica Michelli, cuya postulación había sido objetada previamente por el Gobierno debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon. Esa decisión había derivado en un conflicto político que terminó convirtiéndose en uno de los temas más sensibles para la administración nacional.

Pese a las diferencias que se evidenciaron durante el proceso, funcionarios cercanos al presidente Javier Milei calificaron la jornada como un paso importante para la cobertura de vacantes judiciales que permanecían sin resolución desde hacía años. La intención oficial fue centrar la atención en ese resultado y minimizar el impacto de las disputas internas.

No obstante, la aprobación del pliego dejó al descubierto desacuerdos dentro de La Libertad Avanza. Las diferencias entre la conducción del Poder Ejecutivo y referentes parlamentarios del espacio quedaron expuestas durante las negociaciones, generando un escenario de tensión que obligó al oficialismo a desplegar una estrategia para recomponer la unidad política.

En ese contexto, comenzó a tomar forma un operativo destinado a mostrar cohesión y evitar que la aprobación de Michelli fuera interpretada como una derrota para el Gobierno. Fuentes cercanas a la Casa Rosada sostienen que todavía se analizan alternativas legales y administrativas vinculadas a la situación de la magistrada, con el objetivo de mantener margen de maniobra sobre una designación que provocó fuertes resistencias dentro del oficialismo.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca instalar la idea de que la aprobación masiva de jueces representa un logro institucional de relevancia, aunque el conflicto generado por uno de los nombramientos continúa abierto y amenaza con seguir alimentando las diferencias internas en las próximas semanas.