Fiestas clandestinas y medicamentos robados: quiénes son los acusados en la causa

La muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que habría fallecido por una presunta sobredosis de propofol y fentanilo, abrió una investigación que mezcla consumo de drogas, posible desvío de medicamentos y reuniones clandestinas.

La causa, que tramita en la Justicia porteña bajo la órbita del juez Javier Sánchez Sarmiento, apunta a una presunta maniobra de administración fraudulenta de insumos médicos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Por el momento, hay dos personas imputadas.

Todo se inició el 20 de febrero, cuando Zalazar —quien se desempeñaba como anestesiólogo de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez— fue hallado sin vida en su departamento del barrio de Palermo. Según fuentes policiales, el cuerpo presentaba una vía conectada en uno de sus pies y marcas compatibles con la colocación de catéteres, además de elementos descartables utilizados para inyecciones.

La autopsia preliminar indicó que la muerte se produjo por un cuadro de congestión y edemas pulmonar y cerebral, aunque aún resta determinar la causa de fondo, que se presume vinculada a una sobredosis.

Los imputados y la línea de investigación
Días después del hecho, el 23 de febrero, el Hospital Italiano denunció el faltante de anestésicos, lo que derivó en una investigación que incluyó allanamientos realizados el 12 de marzo por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. En esos procedimientos se comprobó que algunos de los fármacos hallados en el domicilio del médico fallecido provenían del centro de salud.

En paralelo, comenzó a circular un audio en el que se mencionaban supuestas reuniones privadas —denominadas “Propo fest”— organizadas por un grupo reducido de profesionales de la salud, donde se habrían utilizado drogas de uso hospitalario con fines recreativos.

En este contexto, la Justicia identificó a dos sospechosos: Hernán Boveri, exintegrante del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, médica residente de tercer año en la misma institución, quien fue apartada de sus funciones.

Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados por el delito de administración fraudulenta. La investigación busca determinar si existió un circuito de desvío de medicamentos y si estos eran utilizados en encuentros privados.

Otras hipótesis bajo análisis
Si bien el audio viralizado no forma parte formal del expediente, los investigadores siguen una línea paralela vinculada a lo que allí se menciona como “viajes controlados”. Según esta hipótesis, se ofrecerían experiencias con sustancias anestésicas a cambio de dinero, bajo la supervisión de una persona encargada de intervenir ante posibles complicaciones.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.