Juicio por el ARA San Juan: pericias, dudas y responsabilidades en una tragedia sin respuestas definitivas

• La audiencia reforzó la complejidad técnica del caso y la falta de certezas absolutas
• Los testimonios coincidieron en que el submarino tenía sistemas de seguridad redundantes
• Se discutió si la nave estaba en condiciones reales de operar al momento de zarpar
• La posible falla en una válvula de ventilación aparece como un punto crítico
• La acusación sostiene que hubo negligencias, mientras que las defensas lo niegan
• La hipótesis dominante apunta a una suma de errores y factores concurrentes

El proceso judicial por el hundimiento del ARA San Juan sumó una nueva jornada cargada de testimonios técnicos y reconstrucciones detalladas que, lejos de cerrar interrogantes, profundizan las dudas sobre lo ocurrido el 15 de noviembre de 2017. En el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, especialistas y ex altos mandos de la Armada aportaron elementos clave sobre el estado del submarino, las decisiones operativas y la cadena de responsabilidades en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina.

Durante más de diez horas de audiencia en Río Gallegos, el eje del debate giró en torno a la condición operativa de la nave tras su reparación de media vida y a las acciones adoptadas ante las señales de alerta previas a su desaparición. Los testimonios coincidieron en un punto central: el submarino contaba con múltiples sistemas de seguridad diseñados para evitar un desenlace fatal, lo que vuelve aún más complejo explicar por qué no logró emerger.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo cuando un ex comandante de la Fuerza de Submarinos admitió que, con el análisis posterior de los hechos, hubiera sido conveniente enviar un buque de apoyo tras el reporte de ingreso de agua en el sector de baterías. Sin embargo, también remarcó que, en condiciones normales, la intervención externa depende de que el comandante declare una situación de emergencia, algo que no ocurrió en este caso.

La audiencia permitió reconstruir el último tramo de navegación. El 14 de noviembre de 2017, el capitán del submarino informó una filtración de agua de mar que derivó en un principio de incendio, luego controlado. Horas más tarde, ya el día 15, se ordenó la cancelación de la misión y el regreso a la base. Esa fue la última comunicación. Poco después, una anomalía hidroacústica detectada por organismos internacionales sugirió la ocurrencia de una explosión.

El debate judicial no se limita a esclarecer la secuencia técnica del siniestro. También busca determinar si existieron negligencias en la autorización de la zarpada. La acusación sostiene que el ARA San Juan presentaba deficiencias estructurales y operativas que lo hacían inapto para navegar. Entre los elementos señalados figuran tareas de mantenimiento pendientes, fallas detectadas en pruebas previas y restricciones operativas que, según los querellantes, debieron haber impedido su salida al mar.

Desde las defensas, en cambio, se argumenta que las tareas pendientes no comprometían la seguridad de la navegación y que este tipo de observaciones son habituales en unidades navales. Algunos testigos respaldaron esta postura al afirmar que la existencia de reparaciones en curso no implica necesariamente un riesgo crítico.

Otro punto relevante fue el análisis de una válvula del sistema de ventilación que habría permitido el ingreso de agua. Especialistas indicaron que su uso en condiciones de inmersión no era recomendable y que, en caso de haber sido manipulada, podría haber contribuido a desencadenar la cadena de fallas. Este aspecto se convirtió en uno de los focos técnicos más sensibles del juicio.

A medida que avanzan las audiencias, emerge una hipótesis compleja: la tragedia no habría sido producto de un único error, sino de la acumulación de múltiples factores. Fallas técnicas, decisiones operativas discutibles, condiciones climáticas adversas y posibles errores humanos configuran un escenario donde cada elemento, por sí solo, quizás no hubiera sido determinante, pero en conjunto resultaron letales.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ex oficiales de la Armada, imputados por incumplimiento de deberes, omisiones funcionales y estrago culposo agravado. Todos rechazaron las acusaciones y sostienen que actuaron conforme a los protocolos vigentes.

A más de ocho años del hundimiento, el juicio avanza entre reconstrucciones técnicas y testimonios que reflejan la dificultad de alcanzar una explicación definitiva. La pregunta que sobrevuela cada audiencia sigue siendo la misma: cómo un submarino con redundancias de seguridad no logró evitar el desenlace.

Mientras tanto, para los familiares de los 44 tripulantes, el proceso judicial no solo representa la búsqueda de responsabilidades penales, sino también la posibilidad de obtener respuestas que aún permanecen, en gran medida, abiertas.