Recambio clave en Córdoba: se abre la disputa por la Defensoría de la Niñez en un nuevo escenario político

El próximo 7 de abril marcará el final del segundo mandato de Amelia López al frente de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba. Con su salida, se abre una vacante de alto interés político para la gestión de Martín Llaryora, en un contexto atravesado por cambios recientes en la legislación penal juvenil.

La reciente reforma que reduce la edad de imputabilidad, aprobada por el Congreso nacional con respaldo del cordobesismo, redefine el marco de actuación del organismo y eleva el peso estratégico del cargo. En este escenario, la elección del próximo titular no será solo una cuestión institucional, sino también política.

Con origen en el delasotismo, López llegó a la Defensoría en 2016 tras un acuerdo entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Su trayectoria incluyó roles como diputada y ministra de Educación, y en 2021 renovó su mandato durante la última gestión de Schiaretti, completando una década en el organismo.

La normativa vigente impide una nueva reelección, por lo que el Poder Ejecutivo deberá convocar a concurso y luego elevar una terna a la Legislatura para definir al reemplazante. Con el respaldo de aliados, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para garantizar la aprobación.

Aunque se trata de un organismo autárquico que requiere especialización en la protección integral de la niñez —más allá de lo estrictamente penal—, la vacante ya activó especulaciones en el ámbito político. Por ahora, los nombres que circulan son dos mujeres con perfiles distintos.

Por un lado, se menciona a una abogada vinculada al radicalismo, esposa de un dirigente con diálogo fluido con el oficialismo, lo que podría interpretarse como parte de un eventual acuerdo entre el PJ y sectores de la UCR con la mira puesta en el escenario electoral de 2027.

Por otro, aparece el perfil de una especialista en niñez, con experiencia en el sistema de minoridad y paso por áreas provinciales, que contaría con el respaldo del ministro de Justicia, Julián López, cuya cartera tiene injerencia directa en el proceso de designación.

La decisión no es menor. Al igual que ocurre con el Ministerio Público Fiscal, el cargo trasciende los ciclos de gobierno, por lo que una designación puede condicionar gestiones futuras. En ese sentido, el proceso pierde cualquier rasgo de neutralidad y se vuelve una jugada política de largo alcance.

Desde sectores vinculados a la infancia destacan como positivo el rumbo adoptado por la actual gestión de la Defensoría, que amplió su enfoque más allá de lo jurídico para abordar problemáticas sociales como el suicidio adolescente, el bullying y el cyberbullying. También subrayan el valor de su presencia territorial, con doce subsedes distribuidas en el interior provincial.

En paralelo, otra vacante relevante se avecina en el ámbito judicial: la salida de Marta Vidal del Juzgado Electoral provincial tras su jubilación. Vidal ocupó el cargo desde la creación del tribunal en 1997, durante la gestión de Ramón Mestre, lo que anticipa un nuevo proceso de recambio en un área sensible del sistema institucional.

En cuanto al futuro de López, trascendió que podría sumarse como asesora a algún ministerio del gabinete provincial una vez finalizada su gestión, aunque continuaría al frente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.

Con este escenario, Córdoba se encamina a definir nombres en puestos clave que no solo impactan en la gestión actual, sino que también proyectan influencia sobre el mapa político e institucional de los próximos años.