Córdoba marca distancia: Llaryora refuerza la agenda de derechos humanos en medio de la tensión con la Nación

A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el gobierno de Córdoba comienza a delinear con mayor claridad su posicionamiento en materia de derechos humanos. Más allá de los gestos institucionales, se trata de una construcción política que busca consolidar una agenda propia y diferenciarse del enfoque adoptado a nivel nacional bajo la gestión de Javier Milei.

Dentro del oficialismo provincial reconocen que existe una decisión concreta de instalar el tema en la agenda pública y respaldarlo con acciones. En ese marco, la presencia de funcionarios en instancias judiciales relevantes —como el anuncio de identificación de restos en el ex centro clandestino La Perla— forma parte de una estrategia más amplia.

El propio gobernador, Martín Llaryora, reforzó ese mensaje a través de sus redes sociales con una definición contundente: “No hay futuro posible sin verdad, no hay justicia sin memoria y no hay democracia plena si olvidamos lo que pasó”. Sus palabras, en el marco de un hecho que calificó como “histórico y profundamente conmovedor”, marcan un posicionamiento explícito en un escenario nacional donde la discusión sobre memoria y terrorismo de Estado perdió centralidad.

Uno de los puntos donde la Provincia busca diferenciarse con mayor énfasis es el financiamiento de estas políticas. Durante las excavaciones en el predio conocido como “Loma del Torito”, ya habían surgido cuestionamientos hacia la Nación por la falta de recursos. La continuidad de los trabajos, según explicaron desde el gobierno cordobés, fue posible gracias al respaldo económico provincial.

El ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, fue claro al respecto: tras el cambio de gobierno nacional, las tareas de búsqueda de restos se habían paralizado por falta de presupuesto. “Cuando el juez nos planteó la situación, la decisión fue acompañar con todo lo que hiciera falta”, explicó, en referencia al magistrado Miguel Vaca Narvaja.

Pero además del aspecto operativo, Siciliano dejó planteado el enfoque político: “No es una obligación jurídica, pero sí moral y ética del Estado”. La definición sintetiza la intención del oficialismo cordobés de no solo cubrir un vacío, sino también de asumir un rol activo con una impronta propia.

En esa línea, desde la Provincia ya anticiparon que se garantizará el acompañamiento a futuras excavaciones previstas para 2026, reforzando la idea de continuidad en una política que, si bien corresponde al ámbito federal, hoy encuentra impulso en la órbita local.

El giro también tiene una lectura interna. Durante la gestión de Juan Schiaretti, la agenda de derechos humanos tuvo presencia sostenida. Sin embargo, con Llaryora comenzó a ganar mayor visibilidad y volumen político, consolidándose como parte de la narrativa de gobierno.

La presencia de funcionarios en la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal N°3 fue una muestra de ese respaldo. Participaron, entre otros, la secretaria de Derechos Humanos, Tamara Pez, y la ex titular del área, Liliana Montero, quienes acompañaron el anuncio con un mensaje claro en defensa de las políticas de memoria.

Desde el oficialismo también destacan la continuidad de actividades en sitios emblemáticos como Campo de la Ribera y el Archivo Provincial, así como la articulación con organismos como Abuelas de Plaza de Mayo.

El calendario inmediato sumará un nuevo capítulo. La movilización del 24 de marzo volverá a tener a dirigentes del peronismo cordobés en las calles, aunque con una modalidad ya conocida: participación sin encabezar institucionalmente la marcha, pero con columnas propias integradas por legisladores, referentes territoriales y figuras históricas del espacio.

En paralelo, se espera la postura pública del exgobernador Schiaretti y de la senadora Alejandra Vigo, lo que terminará de delinear la posición del espacio en una fecha de alta sensibilidad.

En un contexto nacional atravesado por tensiones y debates sobre el pasado reciente, Córdoba busca afirmarse con una voz propia. Lo que se disputa no es solo la política de derechos humanos, sino también la construcción de identidad en un escenario político en transformación. Como dejó planteado Llaryora, la discusión excede la memoria: apunta directamente al tipo de democracia que se proyecta hacia el futuro.