Mahiques cuestionó las acusaciones contra Milei en el caso $Libra y pidió esperar a la Justicia

• El ministro Juan Bautista Mahiques cuestionó que se atribuya culpabilidad a Javier Milei sin una imputación judicial
• El funcionario sostuvo que solo el Poder Judicial puede determinar responsabilidades penales
• La comisión investigadora de Diputados vinculó al Presidente con el lanzamiento de la criptomoneda $Libra
• El informe legislativo fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro
• La Justicia investiga tanto el lanzamiento de la criptomoneda como la filtración de información del expediente
• La denuncia por la presunta filtración fue impulsada por la Procuración General de la Nación

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió por primera vez públicamente al caso vinculado a la criptomoneda $Libra, una investigación que en las últimas semanas volvió a generar repercusiones políticas y judiciales en torno al presidente Javier Milei. El funcionario evitó pronunciarse sobre el contenido de la causa, pero cuestionó con firmeza las acusaciones que señalan responsabilidades del jefe de Estado y sostuvo que resulta “imprudente” afirmar que alguien es culpable antes de que exista una imputación formal o una sentencia judicial.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista televisiva, en la que el titular de la cartera de Justicia buscó marcar una línea institucional frente al avance de las discusiones políticas en torno al expediente. Según explicó, el proceso judicial que podría determinar responsabilidades penales involucra distintas etapas y decisiones de magistrados, por lo que atribuir delitos sin que se haya completado ese recorrido resulta, a su juicio, una conducta precipitada.

En ese sentido, Mahiques remarcó que la facultad de imputar a una persona corresponde exclusivamente a los fiscales y que cualquier eventual condena requiere el análisis de distintas instancias judiciales. Desde su perspectiva, la atribución de culpabilidad sin que se hayan agotado esos procedimientos resulta particularmente delicada cuando se trata del presidente de la Nación.

El ministro también hizo referencia al trabajo de la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados para analizar el episodio vinculado con el lanzamiento de la criptomoneda. Si bien reconoció la legitimidad política de ese ámbito parlamentario, sostuvo que sus conclusiones no tienen la capacidad de establecer responsabilidades penales.

El informe final de esa comisión fue presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien planteó que el Presidente habría tenido participación en la difusión del activo digital que posteriormente colapsó en su cotización. De acuerdo con ese documento, el lanzamiento de la criptomoneda habría estado acompañado por una estrategia que provocó un ingreso masivo de inversiones en los primeros minutos para luego registrar una rápida caída del valor del activo.

Ese mecanismo, según los planteos realizados en el ámbito legislativo, habría provocado pérdidas para numerosos inversores que apostaron por la moneda digital tras su promoción inicial. Ferraro sostuvo en su informe que existiría un entramado que vinculó a funcionarios del gobierno con el desarrollo y la difusión del proyecto.

Mahiques evitó pronunciarse sobre esas conclusiones y reiteró que la determinación de eventuales delitos corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Como ejemplo de situaciones en las que el debate político no derivó en responsabilidades penales, recordó el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina impulsado durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, que se extendió durante más de un año sin que se produjeran condenas judiciales.

Durante la entrevista, el ministro también mencionó que actualmente existen dos investigaciones en marcha vinculadas al caso. La primera es la causa principal que analiza las circunstancias del lanzamiento de la criptomoneda y la eventual participación de distintos actores en ese proceso.

La segunda investigación, más reciente, apunta a esclarecer cómo se filtró información reservada del expediente que comenzó a circular públicamente en los últimos días. Según explicó Mahiques, existe una denuncia que sostiene que una persona no autorizada habría accedido a documentación judicial y posteriormente la habría difundido.

El funcionario señaló que esa situación podría tener consecuencias relevantes para la investigación si se comprobara que se vulneraron los protocolos de resguardo de información o la cadena de custodia de los archivos. En ese contexto, advirtió que una manipulación indebida de documentación judicial podría afectar la validez de determinados elementos probatorios.

Un aspecto que Mahiques destacó fue el origen de la denuncia por la presunta filtración. Según precisó, la presentación no fue realizada por el Presidente ni por integrantes del Gobierno, sino por el propio Eduardo Casal, quien ejerce como titular de la Procuración General de la Nación Argentina.

El procurador dispuso la apertura de un sumario interno y ordenó además una denuncia penal para investigar el presunto acceso irregular a documentación del expediente, que habría involucrado a integrantes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.

Mientras el proceso judicial continúa su curso, el caso $Libra se mantiene como uno de los temas de mayor tensión política en el escenario nacional. Las investigaciones buscan determinar si existió un entramado destinado a promover la criptomoneda mediante supuestos contactos entre funcionarios y desarrolladores del proyecto.

En ese contexto, la postura expresada por el ministro de Justicia apunta a diferenciar el debate político de los procedimientos judiciales, subrayando que cualquier definición sobre eventuales responsabilidades deberá surgir exclusivamente de las decisiones que adopten los tribunales.