La deuda pública creció en febrero pero el Gobierno asegura tener cubiertos los próximos vencimientos

• El Gobierno afrontó en febrero pagos relevantes de deuda, incluidos vencimientos de Bopreales y compromisos con el FMI
• Las operaciones financieras de la Administración Central superaron los 45.000 millones de dólares durante el mes
• El secretario de Finanzas aseguró que ya están cubiertos los próximos grandes vencimientos previstos para julio
• La deuda de la Administración Central alcanzó los 472.135 millones de dólares tras un aumento mensual del 2,4%
• En términos del PBI, la deuda consolidada del sector público bajó a 56,9% durante febrero
• Desde el inicio del actual gobierno, el stock consolidado de deuda pública habría mostrado una reducción neta cercana a los 18.000 millones de dólares

La gestión de la deuda pública argentina volvió a ubicarse en el centro del análisis económico durante febrero, un mes marcado por importantes vencimientos y movimientos financieros destinados a sostener el cronograma de pagos previsto para el resto del año. A pesar del volumen de compromisos afrontados, el Gobierno sostiene que la situación se mantiene bajo control y que el programa fiscal continúa alineado con la estrategia de consolidación del superávit que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante el segundo mes del año, la Administración Central debió afrontar pagos superiores a los mil millones de dólares correspondientes a vencimientos de Bopreales, instrumentos emitidos por el Banco Central de la República Argentina para regularizar deudas comerciales con importadores. A ese compromiso se sumó el pago de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional por unos 878 millones de dólares.

Ese último desembolso se realizó mediante la compra de Derechos Especiales de Giro a los Estados Unidos, operación que posteriormente será compensada con el próximo giro del organismo internacional una vez finalizada la segunda revisión técnica del programa correspondiente al último trimestre de 2025.

En términos generales, la actividad financiera del Estado registró un elevado volumen de operaciones. Según los datos oficiales, durante febrero la Administración Central realizó movimientos por el equivalente a 45.738 millones de dólares. De ese total, 22.974 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, mientras que otros 22.764 millones se destinaron a amortizaciones y cancelaciones de deuda.

La dinámica del endeudamiento viene siendo seguida de cerca por analistas y consultoras desde comienzos de 2026. La razón principal es la concentración de vencimientos en determinados momentos del año, combinada con el nivel todavía acotado de reservas internacionales y con la capacidad del Tesoro para obtener financiamiento en los mercados.

Esa presión se hará particularmente visible en los próximos meses. En julio, la Secretaría de Finanzas deberá afrontar un vencimiento superior a los 4.000 millones de dólares, mientras que seis meses después se repetirá un compromiso de magnitud similar.

El actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró recientemente que el equipo económico ya dispone de los recursos necesarios para afrontar ambos pagos. Según explicó el funcionario, el Gobierno avanzó en la negociación de nuevas fuentes de financiamiento que se sumarán a instrumentos como el Bonar 2027 y que permitirán cubrir el vencimiento de julio por aproximadamente 4.200 millones de dólares, además del primer pago relevante previsto para el año siguiente.

Para los actores del sistema financiero, el éxito de esa estrategia dependerá en buena medida de la capacidad del Tesoro para renovar vencimientos. Bancos y fondos de inversión coinciden en que mantener un alto nivel de refinanciación resulta clave para evitar presiones sobre el mercado cambiario, uno de los focos de preocupación recurrentes en el análisis económico.

Al revisar la estructura de pagos del Tesoro también aparece un rasgo particular: la distribución desigual de los vencimientos. Economistas del sector privado señalan que la curva de compromisos presenta fuertes picos en períodos muy breves, especialmente en la primera quincena de algunos meses, lo que obliga a concentrar operaciones financieras en lapsos relativamente cortos.

Los datos oficiales muestran que, luego de ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses, la deuda primaria de la Administración Central aumentó en febrero en unos 11.200 millones de dólares, alcanzando un total de 472.135 millones. El incremento representó una suba del 2,4% respecto del nivel registrado en enero.

Sin embargo, al medir el endeudamiento en relación con el tamaño de la economía se observa una evolución distinta. La deuda consolidada del sector público —que incluye a la Administración Central y al Banco Central— se redujo en términos del producto bruto interno hasta ubicarse en 56,9%, unos 2,3 puntos porcentuales por debajo del nivel del mes anterior.

En la composición del pasivo también se registraron cambios. La deuda bajo legislación extranjera disminuyó levemente, mientras que el endeudamiento bajo legislación local mostró un aumento asociado principalmente a bonos indexados, instrumentos capitalizables y ajustes derivados de la variación del tipo de cambio.

Si se analiza la evolución desde el inicio de la actual administración, los números muestran una dinámica particular. Desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026, la deuda bruta de la Administración Central creció en algo más de 46.000 millones de dólares. No obstante, al considerar la transferencia de pasivos desde el Banco Central al Tesoro y la evolución de los depósitos oficiales, el stock consolidado del sector público habría registrado una reducción neta cercana a los 18.000 millones de dólares.

Para los especialistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central continuará siendo un factor determinante para la estabilidad económica en el corto plazo. La estrategia oficial busca sostener la disciplina fiscal, evitar que la expansión monetaria se traslade a los precios o al mercado cambiario y, al mismo tiempo, reducir gradualmente el peso de la deuda pública sobre la economía.