Mendoza debate una reforma penitenciaria que propone uniformes naranjas para los presos

• Un proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza propone que los presos utilicen uniformes naranjas dentro del sistema penitenciario.
• La iniciativa busca facilitar la identificación de los detenidos y reducir las posibilidades de fuga.
• El proyecto también plantea prohibir el uso de zapatillas deportivas y reemplazarlas por calzado de goma blanda.
• Los propios internos deberían asumir el costo de comprar y reponer la indumentaria obligatoria.
• Las prendas personales quedarían bajo custodia del servicio penitenciario hasta que el detenido recupere la libertad.
• La propuesta se inspira en medidas de seguridad aplicadas desde 2024 en las cárceles de Santa Fe.

La Legislatura de Mendoza comenzó a analizar un proyecto de ley que plantea modificaciones significativas en el funcionamiento del sistema penitenciario provincial. La iniciativa propone que todas las personas privadas de libertad utilicen uniformes de color naranja dentro de las cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria, una práctica que busca reforzar los mecanismos de control y reducir las posibilidades de fuga.

El proyecto fue presentado por el senador provincial Martín Rostand, integrante del bloque Unión Mendocina, y forma parte de una serie de propuestas orientadas a endurecer los criterios de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios. Según el legislador, la iniciativa surge a partir de distintos episodios recientes que pusieron en evidencia vulnerabilidades en el sistema penitenciario local.

Uno de los casos que motivó la propuesta ocurrió en la alcaidía de Tunuyán, donde dos detenidos lograron escapar y permanecieron prófugos durante casi un día tras mezclarse con la población civil. Otro episodio que generó preocupación tuvo lugar en el pabellón penitenciario del Hospital Central de Mendoza, cuando un recluso simuló ser familiar de un paciente internado y logró desplazarse por distintas áreas del establecimiento antes de ser detectado.

A partir de esos antecedentes, el proyecto sostiene que el uso de vestimenta civil dentro de las cárceles dificulta la identificación inmediata de los detenidos y aumenta las posibilidades de evasión. La propuesta establece que la utilización de uniformes de alta visibilidad permitiría reconocer rápidamente a cualquier interno fuera de su área de alojamiento, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por cámaras de vigilancia o incluso por ciudadanos que pudieran advertir una situación irregular.

La iniciativa también contempla cambios en el tipo de calzado permitido dentro del sistema penitenciario. El texto propone prohibir el uso de zapatillas deportivas, argumentando que este tipo de calzado facilita la carrera, la tracción y el desplazamiento rápido durante una eventual fuga. En su lugar, plantea que los internos utilicen zapatos de goma blanda, fabricados en un solo material y sin cordones, lo que —según el autor del proyecto— dificultaría la movilidad necesaria para escapar de los establecimientos carcelarios.

Otro aspecto relevante del proyecto es el esquema de financiamiento de la indumentaria obligatoria. La iniciativa establece que los propios detenidos deberían asumir el costo de la compra y reposición tanto del uniforme como del calzado. El argumento central es que estos elementos constituyen artículos de uso personal y que su provisión no debería recaer exclusivamente sobre los recursos del Estado provincial.

En caso de aprobarse la ley, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza sería el encargado de fijar los valores de venta de la indumentaria, tomando como referencia los costos de producción o los precios mayoristas de adquisición. El proyecto también prevé que el uso de ropa civil quede prohibido dentro de las zonas de alojamiento, en las áreas de circulación interna de los penales y durante los traslados de detenidos fuera de los establecimientos.

Además, la iniciativa propone que al momento de ingresar al sistema penitenciario las prendas personales de los detenidos sean inventariadas por las autoridades y guardadas en depósitos del servicio penitenciario. Esos objetos permanecerían bajo custodia oficial hasta el momento en que el interno recupere su libertad.

La propuesta mendocina se inspira en experiencias aplicadas en otros distritos del país. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, desde 2024 los internos catalogados como de alta peligrosidad deben utilizar mamelucos naranjas durante sus desplazamientos dentro y fuera de las unidades penitenciarias. Esa medida fue implementada como parte de una estrategia de seguridad destinada a controlar a detenidos vinculados con organizaciones criminales complejas o con antecedentes de violencia institucional.

En ese esquema, el uniforme debe ser utilizado cada vez que el interno es trasladado fuera de su celda, ya sea dentro del penal o hacia dependencias externas. La normativa también establece restricciones específicas, como la prohibición de que los visitantes ingresen a las cárceles vistiendo ropa de color naranja, con el objetivo de evitar confusiones durante los controles de seguridad.

El debate que ahora comienza en Mendoza abre una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y las herramientas disponibles para reforzar el control dentro de los establecimientos carcelarios. Mientras algunos sectores destacan el potencial de la medida para mejorar la seguridad, otros anticipan que el proyecto podría generar controversias vinculadas con los derechos de las personas privadas de libertad.