Ingresos en retroceso, más morosidad y jubilados que vuelven al trabajo: señales de una economía bajo presión

• La inflación persistente continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares.
• Creció la tasa de actividad entre mayores de 66 años que buscan ingresos adicionales.
• El empleo formal registró nuevas caídas en el sector privado.
• La morosidad de las familias alcanzó su nivel más alto en dos décadas.
• La desaceleración del consumo impacta en la recaudación tributaria.
• El Gobierno volvió a postergar pagos para sostener el equilibrio fiscal.

La persistencia de la inflación y la caída del poder adquisitivo continúan generando tensiones en la economía doméstica de los argentinos. Distintos indicadores difundidos en las últimas semanas reflejan un deterioro en la situación de los hogares, con señales que se manifiestan en la pérdida de empleo, el aumento de la morosidad y un fenómeno cada vez más visible: jubilados que regresan al mercado laboral para complementar ingresos.

Uno de los datos más relevantes surge del análisis de la tasa de actividad entre personas mayores de 66 años. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), este indicador registró un aumento interanual del 11% durante el tercer trimestre de 2025. El incremento refleja que una porción creciente de adultos mayores busca volver a trabajar ante la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos previsionales.

El fenómeno fue interpretado por especialistas como una estrategia de supervivencia económica. En contextos de caída del ingreso real de los hogares, suele aparecer la figura del “trabajador adicional”, generalmente jóvenes que se incorporan al mercado laboral para aportar recursos al hogar. Sin embargo, cuando el deterioro se prolonga, esa dinámica alcanza también a personas jubiladas que necesitan sostener o complementar su ingreso.

El informe que detectó esta tendencia también midió un indicador de desempleo ampliado que contempla situaciones de subocupación o empleos de muy baja carga horaria. Ese índice alcanzó el 13,8%, más del doble del desempleo oficial. Entre los jubilados, la tasa de empleo precario o de escasa remuneración aumentó más de un 30% en el último año.

El deterioro del mercado laboral aparece acompañado por una caída en el empleo formal. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre se perdieron 12.339 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Desde el inicio de la actual administración, el número de empleos formales perdidos supera los 200.000. Si se considera el total de asalariados registrados, la reducción acumulada se acerca a los 290.000 puestos.

La fragilidad de la situación económica de los hogares también se refleja en el sistema financiero. En enero la morosidad en los créditos de las familias volvió a aumentar y alcanzó el nivel más alto de los últimos veinte años. El incremento se registró por decimoquinto mes consecutivo y afectó tanto a los bancos tradicionales como a las plataformas de crédito vinculadas a billeteras digitales.

El aumento de la mora impacta en el funcionamiento del sistema financiero. Ante el mayor riesgo de incobrabilidad, las entidades tienden a elevar las tasas de interés o restringir el crédito, lo que a su vez reduce el acceso al financiamiento para el consumo y la inversión. De esta manera se configura un círculo que contribuye a la desaceleración de la actividad económica.

La persistencia de la inflación es otro factor central en este escenario. En febrero el índice de precios registró un incremento del 2,9%, una cifra que se mantiene por encima del ritmo de actualización salarial que se ha venido acordando en muchos sectores. Para diversos analistas, esta brecha dificulta la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

El enfriamiento del consumo también tiene consecuencias sobre las cuentas públicas. La desaceleración de la actividad económica repercute en la recaudación tributaria, lo que obliga al Gobierno a reforzar su política de ajuste para sostener el equilibrio fiscal.

Durante febrero, la mayoría de las partidas del gasto público registraron caídas en términos reales, con excepción del pago de intereses de la deuda. Ante la disminución de recursos, la administración nacional volvió a recurrir a una práctica conocida en la gestión financiera del Estado: la postergación de pagos.

Entre los compromisos que presentan demoras aparecen deudas con empresas contratistas de obra pública y reintegros a exportadores que aún no fueron acreditados. También se registran retrasos en pagos a proveedores en áreas sensibles como el sistema de salud.

Este conjunto de indicadores describe una economía que enfrenta dificultades para recuperar el nivel de ingresos de los hogares. Mientras la inflación continúa erosionando el poder de compra y el empleo formal muestra señales de debilidad, las familias recurren a estrategias cada vez más diversas para sostener sus gastos cotidianos.