Polémica por YMAD: un senador radical cuestiona la designación del hermano de Raúl Jalil y el reparto de utilidades mineras

• La designación de Fernando Jalil al frente de YMAD generó críticas del senador radical Flavio Fama
• El legislador cuestionó al gobernador Raúl Jalil por la decisión y señaló un posible conflicto político
• El cambio en la designación de autoridades se produjo tras la transferencia de facultades a la provincia
• La polémica también involucra el nuevo esquema de reparto de utilidades provenientes de la actividad minera
• El senador advirtió que varias universidades del interior perderían recursos con el nuevo acuerdo
• La discusión reabre el debate sobre la administración de los ingresos derivados de la explotación minera en Catamarca

La designación del nuevo presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio volvió a poner en el centro del debate la administración de los recursos mineros y el destino de las utilidades que genera la actividad. La controversia se profundizó luego de que el senador nacional por la Unión Cívica Radical, Flavio Fama, cuestionara con dureza al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por la designación de su hermano, Fernando Jalil, al frente de la empresa minera.

Según el legislador radical, el nombramiento se produjo tras una modificación normativa que cambió el esquema de designación de autoridades dentro de la compañía. El punto de inflexión fue el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026, que transfirió a la provincia de Catamarca la facultad de elegir al presidente de YMAD. Para Fama, esa decisión terminó habilitando una designación que considera polémica y que, a su juicio, refleja un manejo discrecional de una empresa estratégica vinculada a la explotación minera.

El senador sostuvo que el núcleo del conflicto radica precisamente en ese cambio institucional. De acuerdo con su interpretación, la delegación de esa atribución permitió que la conducción de la compañía quedara en manos de un familiar directo del gobernador, lo que despertó cuestionamientos dentro de distintos sectores políticos y académicos.

Pero la discusión no se limita únicamente a la designación del nuevo titular de la empresa. Según Fama, la situación también tiene implicancias económicas relevantes vinculadas al reparto de las utilidades generadas por la actividad minera. En particular, el legislador puso el foco en los recursos provenientes de la explotación de Minera Alumbrera, uno de los proyectos más importantes que ha tenido la provincia en las últimas décadas.

Históricamente, las ganancias generadas por YMAD se distribuyeron entre distintas instituciones del sistema universitario argentino. Durante años, explicó el senador, existió un esquema que otorgaba una participación significativa a la Universidad Nacional de Tucumán, mientras que otra parte de los fondos se repartía entre el resto de las universidades públicas del país.

Según detalló, durante aproximadamente quince años la universidad tucumana percibió el 40% de las utilidades. Posteriormente, ese porcentaje se redujo al 20% con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio hacia otras instituciones académicas. De esa manera, el otro 20% se distribuyó entre universidades de diferentes regiones del país.

Para Fama, el nuevo acuerdo implica un retroceso en ese esquema de distribución. El legislador sostiene que el cambio volvería a otorgar el 40% de las utilidades a la casa de estudios tucumana, lo que a su entender provocaría una reducción de los recursos que reciben otras universidades.

El senador también advirtió que el impacto sería especialmente negativo para la Universidad Nacional de Catamarca, institución que, por su ubicación en la provincia donde se desarrolla la actividad minera, venía recibiendo recursos dentro del esquema vigente.

Desde su perspectiva, la modificación implicaría una pérdida económica para el sistema universitario que actualmente participa del reparto de utilidades. Pero además, el legislador planteó que la medida tendría consecuencias simbólicas y políticas para la provincia, ya que considera que los recursos derivados de la explotación minera deberían tener una mayor incidencia en el desarrollo local.

En ese marco, Fama responsabilizó directamente al gobernador catamarqueño por el resultado del proceso. A su entender, la decisión política adoptada por la administración provincial terminó consolidando un esquema que reduce la participación de las instituciones académicas vinculadas al territorio donde se generan los recursos.

Las críticas del senador reflejan un debate más amplio sobre la administración de las empresas estatales vinculadas a la minería y el destino de los beneficios económicos que produce la explotación de los recursos naturales. En particular, la discusión vuelve a poner sobre la mesa el papel que deben desempeñar las provincias, el Estado nacional y las universidades en la gestión y distribución de esos fondos.

En ese contexto, la controversia en torno a YMAD suma un nuevo capítulo a la discusión política en Catamarca, donde la minería continúa siendo uno de los ejes centrales de la economía provincial y un factor clave en la relación entre el gobierno local, el sistema universitario y el Estado nacional.