Reforma jubilatoria en Córdoba: jubiladas que reunieron 38 mil firmas presionan a la Legislatura y amenazan con ir a la Justicia

La reforma previsional aprobada hace tres meses en Córdoba suma un nuevo capítulo de conflicto. Un grupo de jubiladas que impulsó una iniciativa popular para modificar el sistema previsional provincial anunció que pedirá formalmente a la Legislatura que reactive el tratamiento de su proyecto original, respaldado por 38.800 firmas, y advirtió que podría acudir a la Justicia si no obtiene respuesta.

El planteo será presentado ante el secretario legislativo Carlos Guillermo Arias y solicita que el expediente correspondiente vuelva a tener estado parlamentario y sea tratado de manera urgente en comisión. Las firmantes adelantaron que aguardarán una respuesta durante los próximos 15 días; en caso contrario, anticiparon que evaluarán iniciar acciones judiciales.

Según sostienen, el proyecto surgido de la ciudadanía debía ser debatido por la Legislatura a través del procedimiento ordinario de comisiones y posterior discusión en el recinto. Sin embargo, consideran que ese proceso no se cumplió, ya que el debate parlamentario se concentró en una propuesta distinta a la presentada mediante el mecanismo de iniciativa popular.

Reclamo por el tratamiento legislativo

Las jubiladas remarcan que la legislación provincial establece la obligación de tratar en el Parlamento los proyectos respaldados por una cantidad significativa de firmas ciudadanas. Por ese motivo, entienden que avanzar con una reforma previsional sin debatir formalmente su propuesta podría abrir cuestionamientos constitucionales.

En ese marco, el reclamo incluye la advertencia de que, si el tratamiento legislativo no se habilita, podrían impulsar una acción de amparo para exigir que se cumpla el procedimiento correspondiente.

El conflicto previsional de fondo

El reclamo aparece en un contexto de creciente tensión en torno a la reforma previsional impulsada por el gobierno del gobernador Martín Llaryora. La norma, conocida como Ley de Equidad Jubilatoria, fue aprobada en diciembre pasado con el objetivo de reordenar las cuentas de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Entre los cambios principales, la ley estableció aportes extraordinarios progresivos que van del 2% al 8% para trabajadores activos que aportan al sistema previsional provincial. Ese incremento impacta indirectamente en los haberes de los jubilados, ya que las prestaciones se calculan a partir del salario neto de los trabajadores en actividad.

El nuevo esquema también incluyó una redistribución interna de recursos: algunos jubilados con ingresos más bajos comenzaron a recibir un adicional destinado a acercar sus haberes al 82% móvil, mientras que se modificaron los criterios de descuento para quienes perciben doble beneficio.

Aun así, la reforma generó fuerte rechazo entre sindicatos y sectores de jubilados, que consideran que las medidas implican una reducción del poder adquisitivo de trabajadores y pasivos.

Presentaciones judiciales en marcha

Desde la aprobación de la norma comenzaron a acumularse en los tribunales provinciales distintos recursos judiciales contra la reforma. Entre ellos hay amparos y planteos de inconstitucionalidad.

En algunos casos, jueces concedieron medidas cautelares que suspendieron temporalmente los descuentos para determinados jubilados. Otros reclamos, principalmente de trabajadores activos, fueron rechazados en instancias contencioso-administrativas.

La presión sindical

El conflicto previsional también se profundizó con la intervención de los gremios estatales. Más de veinte organizaciones sindicales vinculadas al sistema jubilatorio provincial difundieron recientemente un comunicado conjunto en el que cuestionaron la política previsional del gobierno.

Entre los firmantes figuran sindicatos como UEPC, SEP, Luz y Fuerza, Suoem, Sadop, La Bancaria, AMET y gremios de trabajadores municipales, judiciales y gráficos, entre otros.

Los sindicatos también hicieron referencia al reciente acuerdo entre el gobierno provincial y el Ejecutivo nacional para aumentar los envíos de fondos destinados a la Caja de Jubilaciones. El convenio prevé duplicar las transferencias mensuales, que pasarán de cinco mil a diez mil millones de pesos, en el marco de una disputa judicial que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para los gremios, esos recursos no deben interpretarse como un gesto político sino como fondos que corresponden a Córdoba. En ese sentido, sostienen que la llegada de más dinero debería abrir la puerta a revisar la reforma previsional.

Un frente político abierto

En el Centro Cívico, sede del gobierno provincial, defienden la ley como una herramienta necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Desde la administración de Llaryora sostienen que el esquema busca aplicar criterios de equidad, donde quienes perciben mayores ingresos realizan aportes adicionales para sostener el sistema.

Sin embargo, para sindicatos y sectores de jubilados la reforma representa un ajuste encubierto que termina reduciendo ingresos tanto de trabajadores activos como de pasivos.

En este escenario, la presentación de las jubiladas que impulsaron la iniciativa popular suma un nuevo foco de presión política e institucional sobre la Legislatura, que deberá decidir si reabre el debate parlamentario o enfrenta una nueva disputa en los tribunales.