Denuncian a Javier Milei por presunta omisión de denuncia tras sus declaraciones sobre un empresario

• Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunta omisión de denuncia.
• El planteo se basa en declaraciones del mandatario sobre supuestas presiones ejercidas por el empresario Javier Madanes Quintanilla.
• Los denunciantes sostienen que, de ser ciertos los hechos relatados, podrían encuadrarse en el delito de extorsión.
• Según el Código Procesal Penal, los funcionarios públicos deben denunciar delitos de acción pública cuando toman conocimiento de ellos.
• La presentación solicita que se investigue si el Presidente debía haber formalizado una denuncia judicial.
• También se pidió consultar a la Oficina Anticorrupción y verificar si existen denuncias previas vinculadas a los hechos mencionados.

Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei luego de sus declaraciones públicas sobre el empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien el mandatario acusó de haber ejercido presiones sobre el Gobierno mediante amenazas vinculadas a despidos masivos. La presentación judicial sostiene que, si los hechos relatados por el jefe de Estado fueran ciertos, podría configurarse el delito de “omisión de denuncia”, ya que un funcionario público tiene la obligación legal de informar ante la Justicia la posible comisión de un delito de acción pública.

La denuncia fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano. En su presentación argumentaron que las afirmaciones del Presidente describen conductas que, de haber ocurrido, podrían encuadrarse en el delito de extorsión previsto por el Código Penal. En ese contexto, señalaron que el mandatario habría tenido el deber de promover una denuncia formal ante las autoridades judiciales.

El planteo se originó a partir de declaraciones realizadas por Milei durante una entrevista televisiva, en la que se refirió al empresario y titular de importantes compañías industriales del país. En ese reportaje, el Presidente lo calificó como un empresario prebendario y extorsionador, y sostuvo que en el pasado habría ejercido presiones sobre distintos gobiernos.

Durante la entrevista, el mandatario describió una supuesta práctica consistente en advertir a las autoridades sobre la posibilidad de despedir a cientos de trabajadores si no se adoptaban determinadas medidas favorables para sus empresas. Según el relato del jefe de Estado, ese tipo de presiones habrían ocurrido previamente al cierre de una planta industrial.

En el mismo intercambio, el Presidente afirmó que las advertencias no habrían sido dirigidas directamente a él, sino a integrantes de su equipo de gobierno. Sin embargo, indicó que esas comunicaciones habrían existido y que formaban parte de una dinámica que, según su interpretación, se había repetido durante años en la relación entre el empresario y distintos gobiernos.

A partir de esas manifestaciones públicas, los abogados que promovieron la denuncia consideraron que, de confirmarse los hechos narrados, podrían constituir un caso de extorsión. Bajo esa hipótesis, señalaron que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante la Justicia los delitos perseguibles de oficio cuando toman conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

El escrito judicial menciona que la amenaza de despedir a cientos de trabajadores podría ser interpretada como un mecanismo de presión con capacidad de intimidar a las autoridades gubernamentales. En ese marco, los denunciantes sostienen que la eventual existencia de una conducta de ese tipo debería haber sido comunicada formalmente a la Justicia para su investigación.

La presentación también cita normas del Código Procesal Penal que establecen la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos de acción pública cuando tienen conocimiento de ellos en el desempeño de sus funciones. Según el planteo de los abogados, esa obligación alcanza también al Presidente de la Nación.

En ese sentido, la denuncia plantea que el mandatario podría haber incurrido en una conducta tipificada en el Código Penal si, pese a conocer la presunta comisión de un delito, no promovió la correspondiente denuncia ante la Justicia, el Ministerio Público o los organismos competentes.

Como parte de las medidas de prueba solicitadas, los denunciantes pidieron que se consulte a la Oficina Anticorrupción si recibió alguna presentación relacionada con los hechos mencionados. También solicitaron que se informe si existen denuncias judiciales previas contra el empresario al que se refirió el Presidente en sus declaraciones.

El objetivo del planteo judicial es que se investigue el alcance de las afirmaciones realizadas por el mandatario y se determine si existió alguna conducta que deba ser analizada desde el punto de vista penal. En caso de que la Justicia considere que hubo un incumplimiento de las obligaciones legales de un funcionario público, los denunciantes solicitaron que se apliquen las sanciones previstas por la normativa vigente.

La presentación se suma así al escenario de confrontación política y judicial que suele acompañar las declaraciones públicas de alto impacto dentro de la escena política nacional.