El fiscal del caso AMIA impulsa el juicio en ausencia y apunta a un alto funcionario iraní

• El fiscal Sebastián Basso afirmó que la sociedad argentina aún espera una verdad judicial sobre el atentado a la AMIA.
• La fiscalía impulsa el inicio de un juicio en ausencia contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque de 1994.
• Entre los nuevos imputados figura el funcionario iraní Alí Asghar Hejazi.
• La investigación sostiene que Hezbollah actuó como ejecutor del atentado bajo influencia de Irán.
• Moshen Rabbani es señalado como una pieza clave en la planificación previa del ataque.
• La nueva ley de juicio en ausencia permite retomar el avance de una causa paralizada durante años.

A más de tres décadas del atentado contra la sede de la AMIA, la investigación judicial busca retomar impulso con una nueva etapa procesal que podría marcar un punto de inflexión en una de las causas más complejas de la historia argentina. El fiscal de la Unidad Fiscal encargada del expediente, Sebastián Basso, sostuvo que el país todavía aguarda una respuesta judicial definitiva sobre el ataque que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

El atentado contra la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, continúa siendo objeto de investigaciones y debates judiciales. En ese marco, el fiscal afirmó que el objetivo central de la etapa actual es avanzar hacia una instancia de juicio que permita esclarecer responsabilidades y establecer una verdad judicial.

Basso se prepara para impulsar el juicio en ausencia contra varios ciudadanos iraníes acusados de haber participado en la planificación del ataque. La posibilidad de avanzar con este mecanismo se abrió luego de que el Congreso sancionara recientemente una ley que permite juzgar a imputados que no se encuentran presentes en el país, una herramienta que durante años había sido reclamada por los investigadores del caso.

Según explicó el fiscal, la falta de esa normativa había sido uno de los principales obstáculos para que la causa pudiera avanzar hacia una instancia de juzgamiento. Durante décadas, los sospechosos identificados por la justicia argentina permanecieron fuera del alcance de los tribunales locales, lo que generó un prolongado estancamiento del proceso.

En este nuevo escenario, la fiscalía busca ampliar el alcance de las imputaciones. Basso solicitó incorporar entre los acusados a Alí Asghar Hejazi, un alto dirigente del régimen iraní que, según la hipótesis de la investigación, habría tenido un rol relevante en la planificación del atentado.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh, un organismo que habría participado en la recopilación de información, el análisis del objetivo y la elaboración del plan destinado a destruir la sede de la AMIA en Buenos Aires.

El fiscal también volvió a referirse al papel que, según la investigación, desempeñó la organización Hezbollah en la ejecución del ataque. En ese sentido, sostuvo que el grupo actúa como una estructura subordinada a los intereses de Irán y que su intervención se habría producido como parte de una estrategia impulsada desde Teherán.

Otro de los nombres centrales dentro del expediente es el de Moshen Rabbani, quien en el momento previo al atentado se desempeñaba como agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires. Para la fiscalía, Rabbani cumplía tareas de inteligencia y recopilación de información sobre objetivos potenciales en el país.

Según la investigación, el ex funcionario habría sido una pieza clave en la fase preliminar del plan. Basso indicó que Rabbani recolectaba datos sobre distintos aspectos de la realidad local y los remitía a autoridades iraníes, lo que habría contribuido a la decisión de ejecutar el atentado contra un edificio representativo de la comunidad judía argentina.

Dentro de esa línea investigativa, el fiscal señaló que Hejazi habría viajado a Buenos Aires en marzo de 1993 para analizar los planes que Rabbani ya había comenzado a desarrollar. Ese viaje, según los investigadores, habría sido parte del proceso de evaluación previo a la concreción del ataque.

El impulso al juicio en ausencia busca destrabar una causa que durante décadas se vio atravesada por dificultades judiciales, obstáculos diplomáticos y cambios en la legislación. Para la fiscalía, avanzar hacia esa instancia permitiría al menos establecer responsabilidades penales en sede judicial, aun cuando los acusados no comparezcan ante los tribunales.

En ese sentido, Basso remarcó la necesidad de acelerar el proceso para que la causa finalmente llegue a juicio. Según sostuvo, el paso del tiempo no debe convertirse en un impedimento para que el sistema judicial argentino intente esclarecer lo ocurrido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

Treinta años después del ataque, el expediente sigue siendo una de las principales deudas de la justicia argentina. El eventual juicio en ausencia aparece ahora como una herramienta clave para intentar cerrar una etapa de investigación prolongada y avanzar hacia una resolución judicial que permita arrojar luz sobre uno de los atentados más graves registrados en el país.