Estados Unidos se suma a la defensa argentina en la causa por YPF y expone ante la Cámara de Nueva York

• Estados Unidos solicitó intervenir oralmente en la audiencia del 16 de abril.
• Es la primera vez que el Departamento de Justicia pide hablar en defensa de la Argentina en esta causa.
• La audiencia analizará la apelación por la entrega del 51% de las acciones de YPF y el alcance del discovery.
• Washington ya había presentado un escrito oponiéndose a sanciones y a la declaración de desacato.
• El debate incluye pedidos de acceso a chats y correos de funcionarios.
• La intervención estadounidense refuerza la estrategia argentina en un litigio de alto impacto financiero.

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumará el 16 de abril un capítulo de alto impacto político y jurídico. Ese día, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York celebrará una audiencia clave para analizar las apelaciones contra el fallo que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones y que, además, ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios de la sentencia.

En ese escenario, la Procuración del Tesoro recibió una señal inesperada: el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió intervenir activamente en la audiencia para defender la posición argentina. Se trata de un hecho inédito dentro del proceso que enfrenta al país con el fondo Burford Capital, ya que es la primera vez que Washington solicita formalmente exponer de manera oral en favor del Estado argentino.

El pedido no se limitó a una participación simbólica. La defensa argentina requirió incluso una ampliación del tiempo asignado para los alegatos, con el objetivo de que el representante estadounidense pueda desarrollar con mayor amplitud sus argumentos ante los jueces del tribunal.

La audiencia abordará varios frentes sensibles. Por un lado, las apelaciones contra la decisión de la jueza Loretta Preska que ordenó el “turnover” del 51% del paquete accionario de YPF. Por otro, el planteo impulsado por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y la controversia en torno al alcance del “discovery”, es decir, el intercambio de pruebas, que incluye la solicitud de acceso a chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.

El movimiento del Departamento de Justicia no surge de manera aislada. A fines de febrero, la administración estadounidense ya había intervenido ante el juzgado de Preska mediante un escrito de 29 páginas en el que expresó su oposición a que la Argentina fuera declarada en desacato. En esa presentación, Washington advirtió que aplicar sanciones económicas coercitivas contra un Estado soberano en tribunales locales podría generar consecuencias indeseadas en materia de reciprocidad internacional.

La discusión por el discovery se convirtió en uno de los ejes más delicados del proceso. Los demandantes reclamaron multas diarias de un millón de dólares y sanciones procesales para forzar la entrega de información, bajo el argumento de que determinados organismos —como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas— serían “alter egos” del Estado nacional, lo que facilitaría embargos sobre sus activos.

Frente a ese planteo, el respaldo estadounidense coincidió con la postura de la Procuración del Tesoro. En primer término, sostuvo que exigir comunicaciones privadas de altos funcionarios —como mensajes de WhatsApp o correos personales— resulta incompatible con los principios de cortesía internacional y con el respeto a la inmunidad soberana. En segundo lugar, destacó que la Argentina ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, lo que demostraría una voluntad de cooperación dentro de los límites legales.

La novedad del 16 de abril radica en que el apoyo dejará de ser exclusivamente escrito para transformarse en una intervención directa ante los tres jueces de la Cámara. El paso de los documentos a la palabra en el estrado eleva el nivel de compromiso político y jurídico de Estados Unidos en un litigio de alto voltaje financiero.

Analistas especializados en el caso señalan que Washington parece haber decidido involucrarse en cuestiones puntuales —como la entrega de acciones y la discusión sobre el desacato— sin avanzar todavía sobre el fondo de la condena multimillonaria. Aun así, la sola presencia del Departamento de Justicia defendiendo la posición argentina constituye un activo relevante en un contexto de máxima presión económica.

La audiencia del 16 de abril, por lo tanto, no solo definirá aspectos técnicos del proceso, sino que también pondrá a prueba el alcance de este respaldo inédito. En un litigio que combina derecho internacional, finanzas y diplomacia, la voz de Estados Unidos podría convertirse en un factor determinante para el futuro inmediato de la estrategia argentina.