Diputados inicia el debate para modificar la Ley de Glaciares en clave RIGI

• Diputados inicia el debate de la modificación de la Ley de Glaciares con media sanción del Senado.
• El proyecto es clave para inversiones mineras que buscan ingresar al RIGI.
• El oficialismo cuenta con mayoría potencial en las comisiones intervinientes.
• En el Senado la votación fue dividida, incluso dentro de bloques mayoritarios.
• Sectores opositores anticipan objeciones ambientales y de protección del agua.
• El debate combinará argumentos económicos, jurídicos y ambientales en el recinto.

Tras la reciente Asamblea Legislativa, el oficialismo buscará retomar la actividad parlamentaria con uno de los proyectos que considera estratégicos para su esquema de desarrollo: la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará a discutirse este miércoles a las 10 en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El tratamiento estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el libertario sanjuanino José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por su compañero de bloque Nicolás Mayoraz. El objetivo inicial será fijar un cronograma de trabajo que permita avanzar hacia un dictamen.

El proyecto adquiere especial relevancia en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los ejes destacados por el presidente Javier Milei durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. El mandatario lo definió como “la política de desarrollo más eficaz del siglo” y detalló que ya existen iniciativas aprobadas por 25.000 millones de dólares, con otros 45.000 millones en análisis.

De los 12 proyectos actualmente autorizados bajo el RIGI, cuatro corresponden a explotaciones mineras en Salta, Catamarca y San Juan, provincias donde la actividad extractiva ocupa un lugar central en sus economías regionales. El resto de las inversiones aprobadas se vinculan con el sector petrolero y gasífero.

En términos numéricos, el oficialismo y sus aliados parten con una posición favorable en ambas comisiones. En Recursos Naturales, La Libertad Avanza cuenta con 11 de los 32 miembros, frente a 10 de Unión por la Patria, pero podría sumar el respaldo de bloques aliados como PRO, UCR, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo. En Asuntos Constitucionales, con 36 integrantes, el esquema es similar: 13 libertarios y la posibilidad de agregar apoyos de otras bancadas.

Incluso dentro del peronismo existen legisladores de provincias con fuerte perfil minero que podrían acompañar la iniciativa, al menos en el recinto. En el Senado, la media sanción se obtuvo con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, con divisiones internas tanto en el radicalismo como en el bloque peronista. En aquella votación respaldaron el proyecto representantes de distritos mineros como San Juan y Catamarca.

El oficialismo, que en otras oportunidades optó por acelerar dictámenes cuando cuenta con mayoría suficiente, adelantó que en esta ocasión buscará un trámite “ágil”, aunque con una instancia previa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Según señalaron desde el bloque libertario, el plenario definirá el calendario de exposiciones antes de avanzar hacia la firma del dictamen.

La discusión no estará exenta de tensiones. En la Asamblea Legislativa, algunos diputados de Unión por la Patria exhibieron carteles con consignas como “sin agua no hay mate” o “sin agua no hay vermut”, en alusión a los riesgos ambientales asociados a la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Ese posicionamiento anticipa un debate donde confluirán argumentos económicos y ambientales.

La modificación de la Ley de Glaciares apunta a redefinir alcances y criterios que inciden directamente sobre la viabilidad de proyectos extractivos en áreas protegidas. Para el oficialismo, la actualización normativa es clave para otorgar previsibilidad jurídica a las inversiones que buscan ingresar al RIGI. Para sectores opositores y ambientalistas, en cambio, el debate involucra la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Con este proyecto, la Cámara de Diputados inaugura una etapa legislativa que combina el impulso reformista del Ejecutivo con un mapa parlamentario fragmentado. La posibilidad de alcanzar consensos dependerá tanto de la aritmética política como de la capacidad de cada espacio para sostener sus posiciones frente a un tema que cruza desarrollo productivo y preservación ambiental.