La salud en el centro de la disputa: Nación y Provincia cruzan responsabilidades por la crisis bonaerense

• La Nación responsabilizó a Axel Kicillof por la situación del sistema sanitario bonaerense.
• El Gobierno sostuvo que la Provincia administra su presupuesto, hospitales e IOMA de manera autónoma.
• Se cuestionó la asignación de recursos provinciales, incluida la pauta oficial y otras partidas.
• Kicillof atribuyó la crisis al ajuste y la desregulación impulsados por la gestión de Javier Milei.
• El gobernador alertó sobre caída en la dispensa de medicamentos y deterioro de indicadores sanitarios.
• La disputa refleja una confrontación política más amplia sobre financiamiento y responsabilidades en áreas sensibles.

La confrontación política entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires volvió a escalar, esta vez con el sistema sanitario como eje de la controversia. A través de un mensaje difundido en redes sociales por la Oficina de Respuesta Oficial, la administración de Javier Milei apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y le atribuyó la responsabilidad exclusiva por la situación financiera y operativa del sistema de salud bonaerense.

“El responsable es el gobernador Kicillof”, sostuvo el comunicado, que rechazó de plano las críticas formuladas por el mandatario provincial durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Desde la Casa Rosada remarcaron que la Provincia administra su propio presupuesto, su red hospitalaria y su obra social, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por lo que cualquier déficit o desajuste responde —según esa postura— a decisiones adoptadas en el ámbito provincial.

El mensaje oficial puso el foco en la asignación de recursos. Señaló que en 2025 la Provincia destinó más de 57.000 millones de pesos en pauta oficial desde el Ministerio de Comunicación Pública, además de “miles de millones” a políticas de género y estructuras administrativas. Según el Gobierno nacional, los fondos existen y el debate debería centrarse en cómo se distribuyen y qué prioridades se establecen.

En ese marco, se descartó cualquier intento de trasladar responsabilidades a la Nación por eventuales falencias en hospitales, deudas acumuladas o problemas estructurales de IOMA. “La salud pública bonaerense depende del gobernador y es de su exclusiva responsabilidad”, enfatizó el texto difundido desde el Ejecutivo nacional.

La respuesta oficial llegó luego de que Kicillof cuestionara con dureza el impacto del ajuste impulsado por la administración de Milei. Durante su discurso ante la Legislatura, el mandatario provincial sostuvo que la reducción del gasto público y la desregulación económica implementadas por la Nación afectaron de manera directa al sistema sanitario de la Provincia.

Kicillof afirmó que hubo una disminución en el financiamiento y en las transferencias nacionales destinadas a salud, lo que —según su diagnóstico— agravó la situación presupuestaria. También apuntó contra la liberalización del mercado de medicamentos y el consecuente incremento de precios, al advertir que numerosos ciudadanos perdieron cobertura privada u obra social.

El gobernador señaló, además, el cierre de cerca de 300 empresas privadas de salud y aseguró que muchas obras sociales no logran cubrir prestaciones básicas. Como uno de los indicadores más preocupantes, mencionó una caída del 9% en la dispensa de medicamentos, fenómeno que calificó como “una desgracia y una catástrofe”.

En su exposición, también hizo referencia a variables sanitarias sensibles, como la mortalidad infantil y materna, y al aumento de casos de sífilis, sarampión y hepatitis A. En ese contexto, vinculó esos datos con la política de ajuste nacional y utilizó una metáfora directa: “La motosierra y el abandono tienen consecuencias trágicas”.

El intercambio refleja un nuevo capítulo en la creciente tensión entre ambas administraciones. La Nación sostiene que cada jurisdicción debe hacerse cargo de su propio esquema de gastos y que la autonomía provincial implica asumir responsabilidades sin buscar culpables externos. La Provincia, en cambio, argumenta que la política económica nacional condiciona sus finanzas y repercute en servicios esenciales como la salud.

La disputa no sólo tiene un componente presupuestario, sino también político. En un año atravesado por debates sobre el alcance del ajuste y el rol del Estado, la salud pública emerge como un terreno particularmente sensible, donde las cifras se entrelazan con el impacto social concreto.

Mientras tanto, el cruce de acusaciones parece lejos de atenuarse. Con posiciones firmes de ambos lados, el sistema sanitario bonaerense se convirtió en uno de los escenarios centrales de la puja entre la Casa Rosada y la gobernación, en una disputa que combina administración, prioridades y estrategia política.