Tras la ratificación del acuerdo con la UE, el Gobierno activa negociaciones por las cuotas de exportación

Cuando en enero se firmó en Asunción el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó una carrera silenciosa pero intensa en cada uno de los países del bloque sudamericano. 

El acuerdo establece cupos para las exportaciones sudamericanas hacia los países europeos. Esas cantidades no quedarán automáticamente asignadas, sino que deberán negociarse a través del propio bloque europeo y también mediante conversaciones bilaterales entre los Estados interesados. Esa instancia abrió una puja anticipada dentro del Mercosur.

Desde el momento de la firma, los sectores que buscan ampliar sus ventas al Viejo Continente comenzaron a trabajar en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para que los congresos aceleren la aprobación. La lógica es adelantarse y asegurarse una porción relevante de los cupos previstos.

Todos los países miembros tendrán posibilidades de exportación, pero puertas adentro del Mercosur ya se perfila otra discusión: la distribución interna de los beneficios. A algunos les interesa obtener una mayor cuota de exportación de determinado producto por sobre otro, lo que podría derivar en intercambios entre los negociadores del bloque.

En la Argentina, el impulso más fuerte provino del sector agropecuario. Desde allí se trabajó durante meses para que el Congreso avance rápidamente con la ratificación y deje el acuerdo listo para su entrada en vigencia provisoria por parte del país. La urgencia no es solo formal: el momento en que cada Estado complete su trámite interno puede incidir en el posicionamiento posterior en la negociación de los cupos.

Mientras tanto, del lado europeo también hay expectativas concretas. La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%, un dato que anticipa impactos en distintos sectores productivos de la región. En Sudamérica, uno de los rubros más sensibles es el automotor, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para la importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años. También aparecen como áreas desafiadas las de químicos, laboratorios y maquinaria.

Entre la dirigencia política y el empresariado sudamericano predomina una expectativa: que los efectos negativos que puedan registrarse en el corto plazo se compensen —e incluso se reviertan— en el largo plazo. La apuesta está puesta en una mayor apertura comercial y en un aumento de la competitividad derivado de ese proceso.

Sin embargo, la implementación del acuerdo no se limita a la cuestión arancelaria. Uno de los capítulos centrales es el ambiental. La Unión Europea exigió la incorporación de protocolos y regulaciones que, en algunos casos, requerirán adecuaciones por parte de los países del Mercosur. Se trata de normas que no siempre estaban presentes en la legislación o en la práctica regional.

Fuentes consultadas por TN coinciden en que este apartado ambiental fija un marco de compromisos que condiciona la política futura. En el caso argentino, señalan que ese capítulo “entierra por completo” la posibilidad de retirarse de los Acuerdos de París, una alternativa que en algún momento había sido mencionada por el presidente Javier Milei.

Así, mientras los congresos nacionales debaten la ratificación, la discusión de fondo ya está en marcha. El “apuro” no responde solo a una cuestión de calendario legislativo, sino a una carrera estratégica por llegar mejor posicionados a la mesa donde se definirán las cuotas y, en definitiva, el reparto concreto de los beneficios del acuerdo.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.