La CGT define la estrategia judicial para impugnar la reforma laboral y anticipa una nueva batalla en tribunales

• CGT prepara impugnación judicial contra la reforma laboral.
• Debate interno sobre fuero laboral o contencioso administrativo.
• Antecedente del fallo contra el DNU 70 marca diferencias.
• Cuestionamientos al nuevo límite del derecho de huelga.
• Gobierno anticipa defensa legal en tribunales.
• Sindicalismo apuesta todo al resultado judicial.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para abrir un nuevo frente contra la reforma laboral sancionada por el Congreso. Mientras sus abogados trabajan contrarreloj en la redacción de la impugnación, la central obrera deberá resolver en las próximas horas una decisión clave: en qué fuero presentar el planteo judicial, si en el laboral o en el contencioso administrativo.

No se trata de un detalle técnico. A fines de 2023, cuando el sindicalismo cuestionó el capítulo laboral del DNU 70, la presentación se hizo ante la Justicia Nacional del Trabajo. En aquella oportunidad, la jueza Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente al amparo y declaró la invalidez de varios artículos del decreto. Ese antecedente fortaleció la idea de que el fuero laboral podía ser terreno fértil para frenar iniciativas oficiales.

Sin embargo, el escenario actual es diferente. Esta vez no se trata de un decreto de necesidad y urgencia, sino de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso. El argumento que resultó decisivo en 2023 —la inexistencia de urgencia que justificara eludir al Poder Legislativo— pierde peso frente a una norma que atravesó el trámite parlamentario completo. Por eso, los asesores de la CGT trabajan en fundamentos constitucionales más amplios para cuestionar artículos específicos de la reforma.

En la elaboración del escrito colaboraron especialistas en Derecho Constitucional como Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, ambos con vínculos históricos con la central sindical. La estrategia apunta a demostrar que determinados cambios vulneran garantías consagradas en la Constitución Nacional, más allá de haber sido sancionados por el Parlamento.

Del otro lado, en la Casa Rosada, los equipos jurídicos del Estado ya analizan cómo responder a la ofensiva sindical. En el oficialismo descuentan que el conflicto se trasladará a los tribunales y no descartan que el caso escale hasta la Corte Suprema. La puja, por lo tanto, se anticipa extensa.

Dentro de la CGT existen dudas sobre la conveniencia de volver al fuero laboral. Algunos dirigentes perciben un clima de incertidumbre entre los magistrados ante la decisión del Gobierno de acelerar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, temen que el humor interno pueda influir en la recepción de un planteo de alto voltaje político.

Además, reconocen que el gobierno de Javier Milei cuenta hoy con un respaldo parlamentario y político mayor al que tenía cuando dictó el DNU 70. Ese “volumen” podría incidir indirectamente en la lectura judicial del conflicto, admiten en reserva algunos referentes sindicales.

El punto más sensible de la reforma es, otra vez, la regulación del derecho de huelga. La nueva ley establece la obligación de garantizar un funcionamiento mínimo del 75% en servicios considerados esenciales y del 50% en actividades trascendentales como transporte, educación y salud. Para la CGT, esa disposición implica una restricción desproporcionada del derecho constitucional de huelga.

No sólo el sindicalismo observa problemas en esa redacción. El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que el texto podría generar mayor judicialización por su falta de precisión respecto de antecedentes normativos previos. Esa ambigüedad, sostienen algunos especialistas, podría abrir la puerta a múltiples interpretaciones y conflictos.

Consciente de que la disputa se trasladará a los estrados, la CGT optó por no convocar a un nuevo paro general en lo inmediato. En cambio, anunció una movilización al Palacio de Tribunales, protagonizada por dirigentes y delegados, para acompañar la presentación judicial sin romper del todo los canales de diálogo con el Ejecutivo, especialmente de cara a la reglamentación de la ley.

La central sindical sabe que el desenlace en la Justicia será determinante. A diferencia de otras etapas, esta vez no se trata sólo de frenar un decreto, sino de cuestionar una reforma estructural respaldada por el Congreso. La elección del fuero, los argumentos constitucionales y el contexto político conforman un tablero complejo del que puede depender el alcance definitivo de los cambios en la legislación laboral.