La CGT vuelve a movilizarse contra la reforma laboral mientras se profundiza la interna sindical

• La CGT se movilizará el miércoles frente al Congreso contra la reforma laboral
• No habrá paro general, pero cada sindicato podrá definir ceses de actividad
• La interna sindical mostró diferencias sobre la intensidad del plan de lucha
• El Gobierno negocia cambios para asegurar el respaldo de los gobernadores
• La CGT apunta a preservar el financiamiento sindical y de las obras sociales
• Artículos centrales de la reforma seguirían sin modificaciones

La Confederación General del Trabajo resolvió volver a las calles para expresar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La central obrera se movilizará el próximo miércoles al mediodía frente al Congreso, en coincidencia con el inicio del debate del proyecto en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo tras una extensa reunión en la sede de Azopardo, atravesada por diferencias internas sobre el alcance de la protesta y las herramientas a utilizar.

La conducción cegetista acordó finalmente una movilización sin paro general, aunque dejó abierta la posibilidad de que cada sindicato disponga medidas de fuerza propias para facilitar la participación de los trabajadores. Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa alternativas más duras, como un paro de 12 horas propuesto por los gremios del transporte o incluso una huelga de 48 horas, pero ninguna de esas opciones logró reunir el consenso necesario.

El debate reflejó la tensión entre los sectores más dialoguistas de la CGT y aquellos que reclaman un plan de lucha de mayor intensidad. Mientras algunos dirigentes insistieron en la necesidad de escalar el conflicto y advertir que la protesta del miércoles debería ser apenas el inicio de una estrategia sostenida, la mayoría optó por mantener un canal de negociación abierto con el oficialismo para introducir modificaciones en el articulado del proyecto.

Las críticas no se limitaron al Gobierno nacional. En la reunión también hubo cuestionamientos hacia varios gobernadores, que evitaron recibir a los representantes sindicales en sus provincias y que, según la lectura gremial, estarían dispuestos a acompañar la iniciativa oficial. Desde la CGT sostienen que el respaldo de los mandatarios provinciales es clave para la sanción de la ley y que ese alineamiento condiciona el margen de negociación sindical.

Pese al rechazo expreso a la reforma laboral, en la central obrera admiten que el proyecto tiene altas probabilidades de convertirse en ley. Por ese motivo, la estrategia se reorienta a intentar modificar artículos sensibles durante el tratamiento en particular, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La prioridad, coinciden los dirigentes, es evitar cambios que afecten de manera directa el financiamiento de los sindicatos y del sistema de salud administrado por las obras sociales.

En paralelo a la presión sindical, el Gobierno trabaja en ajustes al texto original para asegurar los votos necesarios. En ese marco, trascendió que las concesiones más relevantes estarían dirigidas a los gobernadores, ante el impacto fiscal que tendría la reducción de impuestos prevista en la iniciativa. La alternativa en estudio apunta a postergar la baja de ciertas alícuotas que afectan la coparticipación, con el objetivo de evitar una merma significativa de recursos para las provincias.

Para la CGT, los posibles cambios serían más acotados. Entre los puntos que podrían ser modificados figura la preservación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos y la eliminación de un artículo que reduce las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales. Según estimaciones oficiales, ese recorte implicaría una pérdida anual de cientos de millones de dólares y un impacto directo en la sustentabilidad del sistema sanitario sindical.

Sin embargo, otros aspectos centrales de la reforma permanecerían sin cambios, pese al rechazo gremial. Entre ellos se encuentran las nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga en servicios esenciales, la primacía de los convenios por empresa sobre los sectoriales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y las restricciones a la realización de asambleas en los lugares de trabajo.

La movilización del miércoles aparece así como una señal política en un escenario donde el sindicalismo combina protesta y negociación. Mientras la CGT busca exhibir capacidad de convocatoria y marcar límites al avance de la reforma, el Gobierno apuesta a sostener el rumbo del proyecto con ajustes puntuales que no alteren su núcleo central.