Audios desde la cárcel sacuden la política catamarqueña y colocan a Jalil en el centro de las acusaciones

• El ex intendente Elpidio Guaraz difundió audios desde la cárcel con fuertes acusaciones políticas.
• Las denuncias apuntan directamente al gobernador Raúl Jalil y al manejo de causas judiciales.
• La muerte del exministro Juan Carlos Rojas volvió a quedar en el centro de la polémica.
• Guaraz denunció una supuesta falta de independencia del Poder Judicial en la provincia.
• El silencio del gobernador profundizó el clima de sospecha y tensión política.
• El caso reabrió el debate sobre transparencia institucional y división de poderes en Catamarca.

La política de Catamarca atraviesa horas de fuerte tensión tras la reaparición pública del ex intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, quien desde el Servicio Penitenciario Provincial difundió una serie de audios y mensajes en redes sociales con acusaciones directas contra el gobernador Raúl Jalil. Las declaraciones, realizadas mientras cumple una condena firme de nueve años de prisión, volvieron a instalar un clima de sospecha en torno al vínculo entre el poder político y el funcionamiento de la Justicia provincial.

Guaraz centró esta nueva ofensiva casi exclusivamente en la figura del mandatario catamarqueño. Según su relato, Jalil habría tenido una intervención decisiva en causas judiciales de alto impacto, en particular en la investigación por la muerte del exministro Juan Carlos Rojas, un caso que desde sus inicios estuvo marcado por versiones contradictorias, cuestionamientos al accionar judicial y una notoria falta de definiciones claras.

En los audios que comenzaron a circular con rapidez, el exintendente sostuvo que fue testigo de decisiones orientadas a condicionar el rumbo de ese expediente. Afirmó que la calificación inicial de la muerte de Rojas como un hecho natural no habría sido el resultado de una evaluación técnica independiente, sino la consecuencia de una orden política destinada a cerrar rápidamente un caso sensible para el poder provincial. En esa cadena de responsabilidades, Guaraz ubicó a Jalil como la figura central del supuesto direccionamiento.

Las acusaciones no se limitaron a un episodio puntual. En sus mensajes, el exjefe comunal describió un esquema más amplio, al que calificó como un sistema de control político sobre la Justicia. Según su versión, en Catamarca no existiría una verdadera independencia de poderes y las decisiones judiciales responderían a intereses del Ejecutivo. En ese contexto, vinculó su propia condena a su enfrentamiento con el gobernador y a lo que definió como represalias por haber expuesto internas y prácticas que incomodaban al oficialismo.

El impacto de los dichos se vio amplificado por el silencio del gobernador. Hasta el momento, Jalil no realizó declaraciones públicas para rechazar de manera directa las acusaciones. Esa ausencia de respuesta oficial no logró descomprimir el conflicto y, por el contrario, alimentó las especulaciones y el debate político. Para sectores críticos, el silencio refuerza la necesidad de explicaciones; para el oficialismo, los audios forman parte de una maniobra de descrédito impulsada por una persona condenada por la Justicia.

El caso volvió a poner en discusión la credibilidad del sistema judicial catamarqueño. Las denuncias de Guaraz reavivaron reclamos históricos sobre la transparencia institucional y el grado de autonomía de jueces y fiscales frente al poder político. En distintos ámbitos se instaló la idea de que, más allá de la situación personal del exintendente, la gravedad de los señalamientos amerita una investigación exhaustiva que permita despejar dudas y restablecer confianza.

La figura de Juan Carlos Rojas, cuya muerte aún genera interrogantes, reaparece así como un punto sensible para la política provincial. El expediente, que nunca logró cerrar definitivamente el debate público, vuelve al centro de la escena arrastrando consigo sospechas sobre encubrimientos, decisiones apresuradas y responsabilidades no esclarecidas.

Mientras tanto, el escenario político se tensa. El nombre de Raúl Jalil quedó asociado a una polémica que trasciende lo judicial y se proyecta sobre la legitimidad del poder provincial. En un contexto de creciente desconfianza social, las acusaciones lanzadas desde la cárcel abrieron un nuevo frente de conflicto que promete profundizar la grieta política en Catamarca y mantener bajo la lupa el vínculo entre la política y la Justicia.