Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para intentar cerrar décadas de confrontación política en Venezuela

• Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para hechos de violencia política desde 1999.
• El proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional.
• Quedarán excluidos delitos graves como homicidio, narcotráfico y violaciones a derechos humanos.
• Organizaciones denuncian que aún hay cientos de presos políticos y miles de restricciones arbitrarias.
• El cierre de El Helicoide fue presentado como un gesto simbólico de ruptura con el pasado.
• La aprobación y el alcance real de la amnistía definirán su impacto político y social.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía general con el que busca dar por concluido un extenso período de violencia y polarización política que se remonta a fines del siglo pasado. La iniciativa fue presentada como uno de los primeros gestos políticos de la nueva etapa abierta tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar encabezada por Estados Unidos, un episodio que marcó un quiebre abrupto en la historia reciente del país.

El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez sostuvo que la amnistía apunta a “reparar las heridas” dejadas por décadas de confrontación y extremismo. En su mensaje, la mandataria interina subrayó la necesidad de reencauzar la convivencia social y apeló a la responsabilidad de los beneficiarios de la medida, a quienes pidió dejar de lado cualquier lógica de revancha o resentimiento.

Según lo anticipado, el proyecto será remitido con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, lo que abre la puerta a un trámite parlamentario acelerado. El alcance temporal de la amnistía abarcaría el período comprendido entre 1999 y la actualidad, aunque el texto definitivo aún no fue difundido y persisten interrogantes sobre los criterios concretos de aplicación.

De acuerdo con lo informado por la presidenta, la ley excluirá expresamente a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones severas a los derechos humanos. Esta delimitación busca, según el discurso oficial, diferenciar los hechos de violencia política de los crímenes comunes y evitar que la amnistía sea interpretada como un mecanismo de impunidad generalizada.

El anuncio se inscribe en un proceso de liberaciones iniciado a comienzos de enero, que hasta el momento avanzó de manera gradual. Organizaciones especializadas en la defensa de presos políticos señalaron que, pese a la excarcelación de más de 300 personas desde el inicio de la nueva gestión, todavía permanecen detenidos centenares de ciudadanos por motivos políticos. Además, se denuncia la existencia de miles de personas sometidas a restricciones judiciales consideradas arbitrarias.

En paralelo, Rodríguez ordenó el cierre definitivo de El Helicoide, emblemático edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, señalado durante años por organismos de derechos humanos como un centro de detención ilegal y torturas. La presidenta anunció que el inmueble será reconvertido en un espacio de uso social y comunitario, destinado tanto a la familia policial como a los vecinos de la zona, en una señal que busca marcar distancia con las prácticas del pasado reciente.

La propuesta de amnistía retoma reclamos históricos de organizaciones no gubernamentales, que desde hace años exigen la liberación de personas detenidas por razones políticas, entre ellas activistas sociales, periodistas, militares y manifestantes. En los días previos al anuncio, varias de estas entidades habían presentado una iniciativa similar, lo que fue interpretado como un intento de incidir en la agenda de la nueva administración.

El antecedente de otras amnistías e indultos en Venezuela genera, sin embargo, un clima de cautela. Experiencias previas quedaron truncas o tuvieron alcances limitados, alimentando el escepticismo de sectores opositores y de la sociedad civil. Por ese motivo, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la eventual liberación de detenidos no debe ser presentada como un acto de clemencia estatal, sino como la restitución de derechos fundamentales vulnerados.

Ahora, la discusión se traslada al ámbito legislativo. El tratamiento del proyecto en la Asamblea Nacional y su eventual aprobación estarán bajo la atenta mirada de actores nacionales e internacionales, que siguen de cerca si la amnistía se convierte en una herramienta efectiva de reconciliación o en un gesto político de alcance limitado.