Salud, fronteras y política: un nuevo cruce por la atención médica

• La Ciudad de Buenos Aires decidió cobrar la atención médica a personas sin DNI argentino y priorizar a sus residentes.
• La medida fue celebrada por Jorge Macri y cuestionada desde el gobierno bonaerense.
• Nicolás Kreplak apuntó contra la infraestructura heredada y el rol federal de los hospitales porteños.
• Silvia Lospennato respondió con críticas a la gestión sanitaria de la Provincia.
• El cruce reavivó el debate sobre el acceso universal a la salud y la distribución de recursos.
• La tensión refleja una disputa política más amplia entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de avanzar con el cobro de la atención médica a personas que no cuenten con DNI argentino volvió a tensar la relación política entre el PRO y el peronismo. La medida, presentada por la administración de la Ciudad como un cambio de criterio en la gestión sanitaria, desató un intercambio de acusaciones que tuvo como protagonistas a la legisladora porteña Silvia Lospennato y al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y que reavivó un debate de fondo sobre el alcance del sistema público y las responsabilidades entre jurisdicciones.

El disparador fue una publicación de Macri en redes sociales en la que celebró la realización de la primera cirugía fetal en un hospital público porteño. En ese mensaje, el mandatario destacó que, a partir de su gestión, se puso fin a la atención gratuita para personas sin DNI argentino y se estableció la prioridad para los residentes de la Ciudad. “Era cuestión de decisión política”, afirmó, en una frase que condensó el enfoque adoptado por el Ejecutivo local y que rápidamente generó reacciones.

Desde el gobierno bonaerense, el ministro Kreplak salió al cruce sin haber sido mencionado de forma directa. En sus declaraciones, cuestionó el planteo de la Ciudad y puso el foco en la infraestructura sanitaria heredada por la Capital Federal. Recordó que buena parte de los hospitales porteños fueron construidos por el Estado nacional cuando Buenos Aires era capital del país y que, además, en su territorio funcionan numerosos hospitales nacionales y centros de referencia de obras sociales con alcance federal.

En esa línea, Kreplak subrayó que diariamente millones de personas ingresan a la Ciudad para trabajar y generar actividad económica, y sostuvo que, en ese contexto, resulta “mezquino” establecer criterios restrictivos sobre a quién se atiende en el sistema público. El funcionario fue más allá al plantear un dilema ético, al afirmar que este tipo de decisiones implica definir “qué vida vale y cuál no”, y acusó a la gestión porteña de carecer de compromiso con la salud como derecho universal.

La respuesta desde el PRO no tardó en llegar. La legisladora Silvia Lospennato recogió el guante y dirigió sus críticas directamente al gobierno bonaerense. En un tono irónico, sugirió que, si el gobernador Axel Kicillof necesita asistencia para gestionar el sistema de salud de la provincia, podría solicitarla a la administración porteña. De lo contrario, reclamó que se haga cargo de sus responsabilidades y no traslade a la Ciudad los problemas estructurales de la Provincia.

Lospennato amplió sus cuestionamientos al señalar que quienes gobiernan Buenos Aires desde hace años no lograron garantizar servicios básicos de calidad, entre ellos salud, seguridad y educación. Según su mirada, la política sanitaria porteña busca ordenar recursos y priorizar a los contribuyentes locales, en un contexto de alta demanda y limitaciones presupuestarias, mientras que la Provincia enfrenta déficits crónicos que no pueden ser resueltos desde otra jurisdicción.

Más allá del cruce puntual, el episodio volvió a poner en escena una discusión recurrente en la política argentina: la distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud pública. La Capital concentra hospitales de alta complejidad que reciben pacientes de todo el país, lo que históricamente generó tensiones sobre el financiamiento y la capacidad de respuesta del sistema. La decisión de cobrar la atención a personas sin DNI argentino se inscribe en ese debate, aunque introduce un componente adicional vinculado a la migración y al acceso a derechos.

Mientras el oficialismo porteño defiende la medida como una forma de ordenar prioridades y cuidar los recursos, desde el peronismo la interpretan como un gesto de exclusión y un retroceso en términos de acceso universal a la salud. El cruce entre Lospennato y Kreplak, lejos de cerrar la discusión, expone la profundidad de un desacuerdo que combina gestión, ideología y disputa política entre dos de los principales distritos del país.