Incendios, urgencias y gestos políticos en medio del fuego patagónico

• Los incendios en la Patagonia escalaron a un problema nacional por su gravedad y duración.
• El Gobierno evalúa declarar la Emergencia Ígnea mientras convoca a su mesa chica.
• Se publicó una resolución que refuerza con más de 100.800 millones el financiamiento a bomberos voluntarios.
• La medida busca fortalecer equipamiento, funcionamiento y capacitación en todo el país.
• El gesto también responde a presiones políticas de gobernadores aliados clave.
• Sigue abierta la posibilidad de un DNU para declarar la emergencia y cerrar el debate.

La persistencia de los incendios forestales en la Patagonia terminó por instalar una alarma que ya no admite demoras. Lo que comenzó como una emergencia regional se transformó en un problema de alcance nacional, tanto por la magnitud de los daños ambientales como por el impacto político que genera la prolongación de los focos activos. En ese marco, el Gobierno se prepara para una reunión clave de su mesa chica con el objetivo de definir si avanzará con una Declaración de Emergencia Ígnea, una medida reclamada con insistencia por los gobernadores del sur.

Mientras esa definición aún está en evaluación, el Ejecutivo decidió mover una pieza concreta. En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece un refuerzo histórico en el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. La decisión aparece como una respuesta operativa inmediata en un contexto de fuertes críticas por la gestión de los incendios y de creciente presión política desde las provincias más afectadas.

La resolución dispone una asignación total de más de 100.800 millones de pesos para asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. En términos prácticos, los fondos alcanzarán a 1.062 entidades, con una distribución cercana a los 95 millones de pesos por asociación. El destino de esos recursos está orientado a la compra de equipamiento, materiales, vestimenta especializada y al mantenimiento de los elementos necesarios para la lucha contra el fuego y tareas de protección civil, en un escenario donde el desgaste de los recursos resulta evidente.

El esquema de financiamiento también incluye a las entidades de segundo grado, es decir, las federaciones provinciales. Estas recibirán más de 7.700 millones de pesos, que serán distribuidos de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas a cada federación. A ese monto se suma una partida equivalente destinada exclusivamente a programas de capacitación para bomberos voluntarios y cuadros directivos, en línea con lo establecido por la normativa vigente. La formación y profesionalización aparecen así como un eje complementario frente a emergencias cada vez más complejas.

La decisión fue firmada el mismo día en que los gobernadores patagónicos formalizaron su pedido al Congreso para que se trate una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El reclamo reunió a mandatarios de distintos signos políticos, lo que reforzó su peso institucional y dejó en evidencia que el problema trasciende las disputas partidarias. Desde el Ejecutivo admiten que la resolución no fue detonada por ese pedido puntual, aunque reconocen que busca amortiguar las críticas que se acumularon en las últimas semanas.

En los despachos oficiales también se admite que el contexto político influyó. Varios de los gobernadores que impulsan la emergencia son considerados aliados clave para la aprobación de proyectos sensibles en el Congreso, como la reforma laboral. En ese escenario, la falta de un gesto concreto podía tensar una relación que el Gobierno necesita cuidar para sostener su agenda legislativa. El refuerzo a los bomberos aparece, entonces, como una señal de voluntad política en medio de un conflicto en expansión.

Más allá del anuncio, el clima entre las provincias sigue siendo de cautela. Ninguno de los gobernadores involucrados expresó aún si la medida resulta suficiente o si responde plenamente a lo que estaban reclamando. En paralelo, persiste la especulación sobre la posibilidad de que el Ejecutivo avance finalmente con un decreto de necesidad y urgencia para declarar la Emergencia Ígnea, cerrando el debate sin pasar por el Congreso.

En Chubut, una de las provincias más golpeadas por los incendios, se confirmó además una transferencia de 4.000 millones de pesos en concepto de aportes del Tesoro Nacional. El refuerzo financiero es leído como un alivio inmediato, aunque insuficiente frente a un problema que amenaza con extenderse en el tiempo.

En los considerandos de la resolución, el Gobierno fundamenta la medida en la recurrencia de desastres de gran magnitud y en la necesidad de dotar a los bomberos de herramientas adecuadas para actuar en emergencias provinciales e interprovinciales. La norma también refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias y del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, con partidas específicas para control, capacitación y funcionamiento institucional.

Mientras las llamas siguen activas, el Ejecutivo intenta equilibrar urgencias operativas, tensiones políticas y demandas federales. La efectividad de las medidas y la definición sobre la Emergencia Ígnea marcarán el pulso de una crisis que ya dejó de ser solo ambiental para convertirse en un desafío político de primer orden.