Luis Juez: “La transparencia no se negocia”

Una vez más, el conflicto entre la oposición y el oficialismo provincial quedó expuesto con crudeza. Esta semana, el senador nacional Luis Juez salió a respaldar con firmeza la decisión del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba de rechazar la millonaria compra de drones impulsada por el Gobierno provincial. Y lo hizo sin rodeos, como acostumbra: “¡La transparencia no se negocia!”, sentenció.

El organismo de control frenó una licitación por USD 7.201.418 destinada a la adquisición de 15 drones de alta tecnología, software especializado y servicios asociados al denominado Proyecto S.V.A.N.T. (Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados), una iniciativa presentada en mayo de 2025 por el Ministerio de Seguridad con el argumento de reforzar el patrullaje aéreo y la vigilancia policial.

Para Juez, el problema no es la tecnología ni la necesidad de modernizar el Estado, sino el modo en que el Gobierno provincial intentó avanzar con la contratación. A través de un hilo en la red social X, el referente del Frente Cívico calificó la operación como un “fraude” y una “caja negra”, y apuntó directamente contra el mecanismo utilizado: la modalidad de “Renglón Único”.

Según explicó, el Ejecutivo agrupó en una sola licitación 29 ítems completamente distintos: drones de ala fija y rotativa, radares, software de reconocimiento facial y de patentes, antenas, capacitación de agentes y hasta vehículos de control móvil. Todo en un mismo paquete. Para Juez, esto no fue ingenuidad administrativa, sino una maniobra deliberada para evitar la competencia real entre proveedores especializados.

“Usaron el ‘Renglón Único’ para meter 29 ítems distintos en una sola bolsa. Así obligaron a comprarle todo a un solo oferente ‘amigo’”, denunció el senador, señalando que esa práctica viola el artículo 3° de la Ley Provincial de Contrataciones N° 10.155.

El único oferente registrado fue la UTE Vantac-Huinoil, integrada por una firma que hasta hace poco se dedicaba a servicios de fotografía y una empresa petrolera. “¿Expertos en seguridad aérea y radares de alta tecnología? No. Expertos en licitaciones dirigidas ‘ad hoc’”, ironizó Juez.

Además, el legislador puso el foco en los valores presupuestados, que calificó como desproporcionados: más de USD 500.000 por un dron de ala fija, más de USD 537.000 por software de reconocimiento facial y cerca de USD 476.000 por un radar de detección de personas, entre otros montos que consideró “una locura”.

Otro punto sensible fue la falta de información sobre controles técnicos y legales. “No se informó la intervención de ENACOM ni de ANAC sobre frecuencias de operación ni sobre el manejo de datos sensibles. El Tribunal de Cuentas fue claro: se trataba de una ‘monumental erogación’”, sostuvo.

Desde el Frente Cívico, Juez fue contundente: “El dinero de los cordobeses no es para financiar cajas negras ni empresas pantalla. La Ley 10.155 está para cumplirse, no para esquivarla”.

Del otro lado, el oficialismo salió en bloque a defender la licitación. El gobernador Martín Llaryora y los ministros Juan Pablo Quinteros y Miguel Siciliano calificaron la compra como “transparente” y necesaria para combatir la inseguridad. Incluso acusaron al juecismo de “obstruccionismo político” y de “jugar con la vida de los cordobeses” al frenar herramientas modernas de vigilancia. La vocal oficialista del Tribunal, Silvina Rivero, sostuvo que las observaciones se basaron en criterios de oportunidad y mérito, y no estrictamente en cuestiones legales.

Pero el mensaje político ya quedó instalado. Juez logró correr el debate del terreno de la seguridad al de la transparencia. No se opuso a los drones: se opuso a la forma. En tiempos donde la palabra “control” parece molestar más que la palabra “gasto”, el senador volvió a ocupar su lugar preferido: el del que incomoda al poder con una pregunta simple y brutalmente eficaz.

¿Es seguridad o es negocio?
Para Luis Juez, mientras no haya reglas claras, seguirá siendo lo segundo. Y por eso, insiste, la transparencia no se negocia.