Drones sí, corrupción no

Por Carlos Zimerman

La discusión por la compra de drones para el Ministerio de Seguridad de Córdoba dejó al descubierto una verdad incómoda: no alcanza con decir que se invierte en seguridad, hay que demostrar cómo se invierte. Y en ese punto, la postura del senador Luis Juez no es un capricho político ni una maniobra electoral. Es una advertencia necesaria en una provincia donde demasiadas veces la palabra “licitación” fue sinónimo de sospecha.

Nadie discute que la tecnología es una herramienta clave para combatir el delito. Nadie niega que los drones pueden servir para patrullaje, prevención y control. Lo que Juez puso sobre la mesa es otra cosa: la forma en que se quiso comprar. Un pliego armado como un traje a medida, un renglón único con decenas de ítems, un proceso que, lejos de fomentar la competencia, parecía diseñado para que gane uno solo.

Eso no es transparencia. Eso es simulacro administrativo.

El Tribunal de Cuentas, donde el juecismo tiene peso decisivo, rechazó la operación por considerar que violaba el principio básico de toda contratación pública: la libre concurrencia. Y ese dato no es menor. Cuando el control funciona, molesta. Cuando el control frena un negocio millonario, incomoda aún más.

Desde el Panal reaccionaron con dureza, acusando a Juez y a los libertarios de querer dejar indefensa a Córdoba. Es un argumento fácil y peligroso: presentar cualquier objeción como un ataque a la seguridad. Pero una cosa es invertir en seguridad y otra muy distinta es hacerlo sin reglas claras. La seguridad no puede ser excusa para cerrar los ojos frente a procedimientos dudosos.

Luis Juez fue claro: no se opone a los drones, se opone a las formas. Y esa diferencia es fundamental. Porque si la compra es legítima, abierta y competitiva, nadie tendría que temerle al control. El problema aparece cuando la transparencia se vuelve un obstáculo para avanzar rápido.

La experiencia cordobesa enseña que los grandes escándalos no nacen de la falta de tecnología, sino de la falta de controles. Móviles policiales sobrevaluados, alimentos comprados a precios absurdos, contratos opacos. La historia reciente no invita a la confianza ciega. Invita a la lupa.

Decir que el rechazo del Tribunal de Cuentas es “jugar con la seguridad” es invertir los términos del debate. Jugar con la seguridad es permitir que una compra millonaria se haga sin competencia real, sin precios comparables y sin explicaciones sólidas. Jugar con la seguridad es usar el miedo de la gente como escudo político.

La transparencia no es un freno: es una garantía. Y más cuando se trata de más de siete millones de dólares. Porque cada peso que se paga de más es un peso que no va a patrulleros, a cámaras, a personal o a prevención.

El oficialismo habla de más de 70 instancias administrativas superadas. Juez y el Tribunal de Cuentas hablan de un sistema armado para que gane uno solo. Allí está el corazón del conflicto. No se trata de estar a favor o en contra de los drones. Se trata de estar a favor o en contra de la opacidad.

Córdoba necesita tecnología, sí. Pero necesita, sobre todo, confianza pública. Y la confianza se construye con procesos limpios, abiertos y auditables, no con discursos indignados ni con acusaciones cruzadas.

La postura de Luis Juez y del Tribunal de Cuentas marcan una línea que muchos prefieren evitar: sin transparencia no hay seguridad posible. Porque un Estado que compra mal, gobierna mal. Y un Estado que gobierna mal, termina pagando dos veces: una con dinero y otra con credibilidad.

Drones sí.
Pero con luz, con competencia y con reglas claras.
Todo lo demás es ruido político.