El Gobierno extiende la emergencia gasífera y apuesta a sostener el abastecimiento hasta 2027

• El Ejecutivo prorrogó la emergencia del sector gasífero hasta el 31 de diciembre de 2027.
• La medida se fundamenta en la falta de capacidad de transporte suficiente hasta que concluyan obras clave.
• La importación de GNL seguirá siendo central para cubrir los picos de demanda.
• El decreto fija un precio tope para el gas importado destinado al mercado interno.
• Se garantiza el acceso de privados a la infraestructura de regasificación.
• El Gobierno apuesta a normalizar el sistema energético recién hacia fines de 2027.

El Poder Ejecutivo decidió prolongar la emergencia del Sector Energético Nacional en lo referido al transporte y la distribución de gas natural hasta fines de 2027. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 49/2026, firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad de su Gabinete, y responde a la evaluación oficial de que aún persisten las condiciones estructurales que justificaron su declaración inicial, a fines de 2023.

La prórroga no es una novedad aislada. Desde su instauración, la emergencia fue renovada en dos oportunidades —noviembre de 2024 y mayo de 2025— y su vigencia actual expiraba el próximo 9 de julio. Con esta decisión, el Gobierno busca ganar previsibilidad regulatoria en un área considerada crítica para el funcionamiento de la economía y la seguridad energética, en un contexto en el que las obras de infraestructura aún no alcanzaron la escala necesaria para cubrir la demanda sin sobresaltos.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el sistema de transporte de gas natural continúa operando con restricciones que limitan su capacidad de abastecer de manera simultánea al mercado interno y a las exportaciones. Según el diagnóstico oficial, los proyectos de ampliación más relevantes recién estarían en condiciones de entrar en operación plena durante el invierno de 2027, lo que obliga a mantener un esquema excepcional hasta que esas inversiones se traduzcan en capacidad efectiva.

Mientras tanto, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) seguirá ocupando un rol central en la matriz de abastecimiento. El texto remarca que, mientras subsistan las causas que dieron origen a la emergencia, el recurso al GNL continuará siendo determinante para cubrir los picos de consumo, especialmente en los meses de mayor demanda residencial e industrial. Esta dependencia externa, reconocen en el Gobierno, es una de las vulnerabilidades que se busca corregir a mediano plazo con más infraestructura y producción local.

El decreto enumera una serie de objetivos que orientan la prórroga del régimen excepcional. Entre ellos se destacan la necesidad de garantizar el suministro en los momentos de mayor exigencia del sistema, reducir el uso de combustibles líquidos en la generación térmica —más costosos y menos eficientes— y atender eventuales contingencias operativas que puedan surgir en cualquier época del año. A la vez, se plantea el desarrollo gradual de un mercado de gas específico para el invierno, que permita anticipar necesidades y reducir la improvisación en las compras externas.

Desde la visión oficial, hacia finales de 2027 el sistema debería contar con nueva capacidad de transporte y con la infraestructura suficiente para asegurar un abastecimiento continuo a las distribuidoras, incluso bajo la modalidad de demanda ininterrumpible. Esa expectativa explica el horizonte temporal elegido para la extensión de la emergencia y refuerza la idea de que se trata, al menos en el discurso, de una medida transitoria.

En paralelo a la prórroga, la norma introduce definiciones relevantes en materia de precios. El decreto establece un valor máximo para la venta en el mercado interno del gas proveniente de la regasificación de GNL importado, destinado a cubrir los próximos dos inviernos. Ese tope estará atado a un marcador internacional que definirá la Secretaría de Energía, al que se le sumarán los costos logísticos asociados, como flete, regasificación, almacenamiento, comercialización y transporte hasta el punto de entrega en Los Cardales, en la provincia de Buenos Aires.

La regulación de precios se complementa con otra disposición clave: la obligación de garantizar el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación. El decreto encomienda a la Secretaría de Energía la adopción de las medidas necesarias para asegurar ese acceso, al considerar dichas instalaciones como esenciales para sostener el abastecimiento durante la vigencia de la emergencia.

Con esta decisión, el Gobierno refuerza un esquema de intervención excepcional en un sector estratégico, en el que conviven la necesidad de asegurar el suministro, la dependencia de importaciones y el desafío de avanzar hacia un sistema más robusto y autosuficiente. La extensión de la emergencia hasta 2027 confirma que, al menos por ahora, la normalización plena del mercado gasífero seguirá siendo una meta a alcanzar y no una realidad inmediata.