La baja de la edad de imputabilidad vuelve al centro del debate tras un crimen que conmocionó al país

• El crimen de Jeremías Monzón reactivó el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina.
• Patricia Bullrich anunció que impulsará la sanción de una nueva Ley Penal Juvenil.
• El planteo apunta a reducir la edad de imputabilidad frente a delitos graves.
• El oficialismo acusa a gestiones anteriores de haber bloqueado el debate legislativo.
• El tema divide a la dirigencia política y a especialistas en niñez y derechos humanos.
• El Gobierno busca capitalizar el impacto social de los casos recientes para avanzar en el Congreso.

La discusión sobre la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y social luego del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado con más de 20 puñaladas en la provincia de Santa Fe a fines de diciembre. La difusión reciente del video del ataque profundizó la conmoción pública y reactivó los reclamos para modificar el régimen penal aplicable a menores de edad.

En ese contexto, la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que impulsará la sanción de una nueva Ley Penal Juvenil que incluya la reducción de la edad de imputabilidad. El planteo fue expresado a través de redes sociales, donde la exministra de Seguridad afirmó que “la edad no puede ser una excusa” frente a delitos de extrema gravedad y reclamó una respuesta legislativa inmediata por parte del Congreso.

Bullrich vinculó directamente su iniciativa con el caso Monzón. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo”, sostuvo, y subrayó que, como consecuencia del actual marco legal, algunos de los presuntos responsables permanecen en libertad. Según la investigación judicial, además de una joven de 16 años —imputable según la legislación vigente— habrían participado al menos otros dos adolescentes de entre 14 y 15 años, por debajo del umbral penal.

La senadora apuntó contra el esquema normativo actual, al que responsabilizó por generar situaciones de impunidad. “Menores que cometen los peores delitos y salen sin pena ni consecuencias”, sostuvo, al tiempo que cuestionó al “viejo Congreso” por haber frenado en el pasado iniciativas similares. Sin mencionarlos de manera directa, sus críticas estuvieron dirigidas al peronismo y al kirchnerismo, a quienes acusó de bloquear sistemáticamente la discusión.

El reclamo no es nuevo. Desde su asunción como senadora, Bullrich viene insistiendo en la necesidad de reformar el régimen penal juvenil. Días atrás, volvió sobre el tema tras el asesinato de Gustavo Javier Pairó, un hombre de 53 años que fue atacado durante un robo en José C. Paz. En ese episodio, uno de los agresores era menor de edad y no quedó detenido. Para la dirigente oficialista, estos casos reflejan un sistema que “protege al delincuente y abandona a las víctimas”.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad divide aguas desde hace años en la Argentina. Mientras sectores que promueven la reforma sostienen que el actual piso —establecido en los 16 años— resulta anacrónico frente a la gravedad de ciertos delitos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez advierten que endurecer el sistema penal no resuelve el problema de fondo y puede agravar la exclusión social.

La Ley Penal Juvenil que impulsa el oficialismo busca reemplazar el régimen vigente, que data de la dictadura, y establecer un marco integral que contemple sanciones penales, medidas socioeducativas y mecanismos de reinserción. Sin embargo, uno de los puntos más sensibles es la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable, un aspecto que genera fuertes resistencias políticas y sociales.

El Gobierno apuesta a que el impacto emocional de casos recientes funcione como catalizador para destrabar el debate legislativo. La difusión de imágenes y la reiteración de crímenes cometidos por menores colocaron el tema en el centro de la opinión pública, lo que podría modificar el clima parlamentario. Aun así, la iniciativa necesitará acuerdos transversales para avanzar, en un Congreso fragmentado y con antecedentes de proyectos que nunca llegaron al recinto.

Más allá del debate jurídico, el planteo de Bullrich se inscribe en una estrategia más amplia del oficialismo, que busca reforzar un discurso de orden y castigo frente al delito. La consigna es clara: reducir lo que consideran zonas de impunidad y enviar una señal política de firmeza. El desafío será convertir ese mensaje en una ley viable, capaz de resistir tanto el escrutinio constitucional como el impacto social de su implementación.

Mientras tanto, el caso de Jeremías Monzón continúa funcionando como símbolo de una discusión que combina dolor social, demandas de justicia y una disputa de fondo sobre cómo debe responder el Estado frente al delito juvenil.