La reforma del sistema de inteligencia abre un debate político y reordena competencias clave

• La reforma del Sistema de Inteligencia fue dispuesta mediante el DNU 941/25.
• Redefine competencias y limita la Agencia de Seguridad Nacional a la contrainteligencia.
• Elimina organismos considerados superpuestos dentro del esquema vigente.
• La conducción de la SIDE se mantiene sin cambios, con Cristian Auguadra al frente.
• La oposición cuestionó el uso del DNU y reclamó debate parlamentario.
• El Gobierno asegura que el nuevo esquema refuerza controles y estándares democráticos.

El Gobierno nacional formalizó este viernes una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia a través del DNU 941/25, una decisión que busca redefinir funciones, reducir estructuras y reforzar los mecanismos de control estatal. Según explicó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en un comunicado oficial, la reforma apunta a adecuar el funcionamiento del organismo “a los más altos estándares democráticos y republicanos” y a responder a las amenazas contemporáneas que enfrenta el país.

El decreto establece un rediseño institucional que delimita con mayor precisión las competencias de cada área involucrada en materia de inteligencia y seguridad. Uno de los cambios centrales es la redefinición del rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que quedará circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia. En paralelo, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, un organismo señalado por el Ejecutivo como una estructura superpuesta dentro del esquema vigente.

Desde el Gobierno aclararon que la reforma no altera la conducción actual de la SIDE. El organismo continuará encabezado por Cristian Auguadra, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra, con trayectoria dentro del sistema de inteligencia, llegó al cargo tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo. La continuidad de las autoridades fue presentada como una señal de estabilidad en medio de un proceso de reorganización interna.

La medida, sin embargo, generó reacciones inmediatas en la oposición. Diversos bloques parlamentarios cuestionaron la decisión de avanzar mediante un decreto de necesidad y urgencia y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia impulsará un pedido de informes a la Casa Rosada. Las críticas se enfocaron en la falta de debate legislativo y en la sensibilidad institucional de una reforma que modifica la Ley de Inteligencia Nacional.

“Sin control del Congreso no hay democracia plena”, advirtió la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, al reclamar que los cambios en materia de inteligencia sean discutidos en el Parlamento. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que si una medida de estas características hubiera sido impulsada por un gobierno anterior, se habría desatado “un escándalo institucional de proporciones históricas”. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de un debate plural y de un contralor efectivo de los actos del Poder Ejecutivo.

Desde la SIDE defendieron el DNU al señalar que los desafíos globales actuales y el rol que busca ocupar la Argentina en el escenario internacional requieren un sistema de inteligencia “moderno, profesional y eficiente”. En ese marco, la reforma apunta a acotar y clarificar funciones, reducir el tamaño del sistema y evitar que intervenga en áreas que no le son propias.

El decreto establece una división más nítida de responsabilidades: la seguridad interna quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional; la inteligencia militar será competencia del Estado Mayor Conjunto; y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado recaerá en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Con este esquema, el Gobierno busca eliminar superposiciones y zonas grises que, según el diagnóstico oficial, dificultaban el control y la eficiencia.

Uno de los puntos más sensibles es la redefinición de la contrainteligencia, ahora limitada de manera “clara y taxativa” a la protección del Estado frente a acciones de espionaje o injerencia de agentes externos. Las autoridades remarcaron que el nuevo marco deja atrás prácticas del pasado vinculadas al espionaje interno y a la persecución política, y subrayaron que el objetivo es impedir el uso indebido de recursos estatales.

Finalmente, la reforma incorpora un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento. Según el Ejecutivo, este mecanismo reduce la discrecionalidad, fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios y apunta a garantizar una mayor transparencia interna, en un área históricamente opaca y atravesada por controversias.