Un DNU en la frontera sensible: el Gobierno reformó la ley de Inteligencia y abrió un nuevo frente político

• El Presidente modificó la Ley de Inteligencia mediante un DNU en el cierre de 2025.
• El Gobierno justificó la urgencia en la necesidad de reforzar la ciberseguridad y prevenir injerencias externas.
• La oposición cuestionó el uso del decreto en un área considerada estratégica y sensible.
• Dirigentes disidentes reclamaron que el tema sea debatido en el Congreso y en la Comisión Bicameral.
• El peronismo advirtió sobre una ampliación de funciones y planteó objeciones geopolíticas.
• La reforma abre un nuevo frente de tensión política en el inicio de 2026.

En las últimas horas de 2025, el presidente Javier Milei recurrió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para introducir modificaciones en la Ley de Inteligencia Nacional, una decisión que desató cuestionamientos inmediatos de la oposición y reabrió el debate sobre los límites del uso de herramientas excepcionales en áreas consideradas estratégicas del Estado. El Ejecutivo justificó la medida en la urgencia de modernizar el sistema, con especial foco en la ciberseguridad y la prevención de injerencias externas.

Desde la Casa Rosada explicaron que el decreto apunta a actualizar estructuras y funciones de la inteligencia frente a amenazas contemporáneas, particularmente en el plano digital. En ese marco, se dispuso la creación de un nuevo organismo específico dedicado a la inteligencia virtual, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de infiltraciones, ataques cibernéticos y operaciones de influencia extranjera. Para el Gobierno, se trata de un campo en el que la demora legislativa podría implicar riesgos concretos para la seguridad nacional.

La elección del instrumento, sin embargo, encendió alarmas en sectores opositores que consideran que la reforma debía ser debatida en el Congreso. El argumento central es que la inteligencia es un “tema sensible”, que requiere consensos amplios, controles parlamentarios y un análisis detallado de sus alcances institucionales. El hecho de que el decreto se haya firmado y publicado en el cierre del año profundizó la lectura crítica sobre la oportunidad política de la decisión.

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Provincias Unidas. El diputado santafesino Esteban Paulón advirtió que el DNU “generaliza un estado de sospecha” y transfiere competencias delicadas a áreas bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En su análisis, la reforma no solo amplía atribuciones, sino que lo hace sin el contrapeso del debate legislativo y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Paulón fue más allá y vinculó la discusión normativa con las tensiones internas del oficialismo. Según su visión, la disputa de poder entre distintos sectores del Gobierno podría impactar en la autonomía del sistema de inteligencia, un factor que, sostuvo, representa un riesgo institucional. Desde ese lugar, reclamó que el DNU sea tratado por el Congreso para garantizar transparencia, controles y límites claros.

El peronismo también se sumó a las críticas. El diputado Jorge Taiana, de Unión por la Patria, sostuvo que la norma implica una ampliación de funciones que, en los hechos, legaliza prácticas ya existentes o en vías de implementación. Para el ex canciller, el decreto consolida un corrimiento de fronteras en materia de inteligencia sin el debido debate democrático.

Taiana agregó una lectura geopolítica al cuestionamiento y afirmó que la reforma responde a lineamientos impulsados desde el exterior. En particular, señaló que la reconfiguración del sistema de inteligencia y defensa podría alinearse con una estrategia de reconversión de las Fuerzas Armadas hacia un esquema de seguridad interna, una hipótesis que el oficialismo rechaza de plano, pero que suma ruido político en un contexto regional sensible.

Desde el Gobierno, en tanto, relativizan las críticas y sostienen que el DNU no altera principios básicos de la ley vigente, sino que los adapta a nuevas amenazas. Argumentan que la ciberseguridad se convirtió en un frente central de disputa global y que la Argentina no puede quedar rezagada en capacidades técnicas y normativas. Además, insisten en que el decreto no excluye el control parlamentario posterior, como lo establece el procedimiento constitucional para este tipo de normas.

El episodio vuelve a poner en primer plano el debate sobre el uso de decretos en materias estructurales y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En el arranque de 2026, la reforma de la ley de Inteligencia promete convertirse en un nuevo eje de confrontación política, con implicancias que exceden la coyuntura y tocan el corazón del sistema institucional.