Pliegos, vacantes y negociaciones: el Congreso entra en pausa con una agenda cargada

• El Congreso cerró las sesiones extraordinarias y entró en receso hasta un nuevo llamado del Ejecutivo.
• Quedan pendientes designaciones sensibles como la Corte Suprema, el procurador general y organismos de control.
• La candidatura de María Paz Bertero expuso acuerdos transversales y tensiones internas en la oposición.
• La falta de envío de pliegos judiciales generó fuerte malestar incluso entre sectores dialoguistas.
• Las vacantes en la Justicia superan el 30% del total, según cifras oficiales y legislativas.
• La disputa por la AGN reconfiguró alianzas y anticipa nuevas tensiones en el Senado.

Tras semanas de sesiones extraordinarias intensas y cargadas de tensión política, el Congreso ingresó en receso y quedó a la espera de un nuevo llamado del Poder Ejecutivo, previsto en principio para febrero. El cierre del período extraordinario, que se extendió desde el 10 de diciembre hasta este martes 30 inclusive, dejó sobre la mesa una agenda institucional sensible que deberá retomarse en los próximos meses y que anticipa negociaciones complejas para el oficialismo.

El 1 de marzo marcará el inicio formal del período ordinario, con la tradicional apertura a cargo del presidente Javier Milei. Para entonces, el Parlamento tendrá pendientes definiciones clave vinculadas a la conformación de organismos de control y al funcionamiento del sistema judicial. La incógnita central no es solo qué cargos se tratarán primero, sino con qué actores decidirá negociar el Gobierno: si insistirá en acuerdos con la oposición dialoguista o si optará por entendimientos puntuales con el kirchnerismo.

Entre los temas más delicados figuran las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, un objetivo que la Casa Rosada no logró concretar durante el año pese a intentos fallidos de negociación. A esto se suma la designación del procurador general, jefe de los fiscales, además de centenares de pliegos judiciales que aguardan envío y tratamiento en el Senado. También aparecen cargos largamente postergados como los Defensores del Pueblo y del Niño, estructuras de peso político y presupuestario, incluso en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.

En este último caso, la candidatura de María Paz Bertero avanzó con aval de la Cámara de Diputados y quedó a la espera de la definición del Senado. Su postulación no estuvo exenta de polémica: Bertero trabaja en la provincia de Buenos Aires y mantiene vínculos con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Su llegada a la instancia final del concurso fue posible gracias a un acuerdo entre el cristinismo, sectores del peronismo y la Unión Cívica Radical, con apoyos transversales que incluyeron a figuras que luego migraron políticamente hacia La Libertad Avanza en elecciones provinciales desdobladas.

Las negociaciones alrededor de estos cargos dejaron heridos en distintos espacios. En la UCR, por ejemplo, quedaron expuestas internas y frustraciones, como el fallido intento de la entonces diputada Natalia Sarapura de posicionarse como Defensora del Pueblo tras su rol al frente de la bicameral. El episodio volvió a mostrar que, en el Congreso, la acumulación de méritos técnicos no siempre garantiza llegar a los puestos más codiciados.

El mayor foco de conflicto, sin embargo, sigue siendo la falta de envío de pliegos judiciales por parte del Ejecutivo. La oposición, incluso la más dialoguista, acumula malestar por las demoras. En junio pasado, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que existían 330 vacantes en el Poder Judicial, cerca de un tercio del total. Los números incluían tribunales nacionales y federales, tanto en la Capital Federal como en el interior del país.

Dos meses después, desde la comisión de Acuerdos del Senado se advirtió que el número de vacantes había ascendido a 337, con una parte ya elevada al Poder Ejecutivo y otra aún en trámite en el Consejo de la Magistratura. Legisladores de distintos bloques señalaron entonces la urgencia del tema y recordaron los anuncios oficiales que prometían un envío inminente de pliegos, algo que todavía no ocurrió.

A este escenario se suma otra disputa de alto voltaje: la Auditoría General de la Nación. En Diputados, el oficialismo libertario selló un acuerdo con el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, dejando al margen al PRO y a la UCR. El reparto de tres lugares desplazó a sectores que promovían una lógica de consensos más amplios y frustró aspiraciones como la de Emilio Monzó. La definición ahora pasa por el Senado, donde el equilibrio de fuerzas vuelve a abrir interrogantes.

Con el Congreso en pausa, las tensiones quedaron latentes. El receso no clausura los conflictos: apenas los posterga. La agenda que espera a partir de febrero anticipa un período de negociaciones duras, donde cada pliego será una prueba de la estrategia política del Gobierno y de su capacidad para construir mayorías en un Parlamento fragmentado.