Un frente amplio de voces alerta por el ajuste y denuncia un quiebre con los consensos democráticos

• El documento reúne más de 1.800 firmas de referentes académicos, judiciales, culturales y políticos contra el ajuste del Gobierno.
• Advierte que el Presupuesto 2026 implica una ruptura con consensos democráticos construidos en las últimas décadas.
• Denuncia un fuerte recorte en educación y ciencia, con la eliminación de pisos legales de financiamiento.
• Cuestiona la reforma de la Ley de Glaciares y alerta por el riesgo sobre reservas estratégicas de agua.
• Acusa al Ejecutivo de utilizar los Aportes del Tesoro Nacional como herramienta de coerción política.
• Plantea la iniciativa como un registro histórico de resistencia frente al avance sobre derechos y bienes públicos.

La publicación de un documento firmado por más de 1.800 personalidades del ámbito académico, judicial, cultural, científico y político abrió un nuevo capítulo en el debate público sobre el rumbo del Gobierno de Javier Milei. El texto, impulsado por el Foro Encuentro Reformista, plantea que las políticas de ajuste incluidas en el Presupuesto 2026 y las reformas ambientales promovidas por el Ejecutivo constituyen un “punto de inflexión” en la historia reciente del país y una ruptura con acuerdos democráticos construidos durante décadas.

Lejos de presentarse como una proclama partidaria, el documento se propone como un “registro histórico” destinado a dejar constancia de una reacción colectiva frente a lo que los firmantes consideran un retroceso estructural en materia de derechos, institucionalidad y desarrollo estratégico. En ese marco, advierten que las decisiones oficiales exceden la lógica de una disputa política coyuntural y avanzan sobre pilares centrales del Estado argentino.

Uno de los ejes principales del pronunciamiento es el impacto del ajuste sobre el sistema educativo y científico. Los firmantes cuestionan la eliminación de las garantías legales de inversión que establecían pisos presupuestarios y metas de financiamiento, al considerar que esa decisión deja áreas clave “a la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”. Según el diagnóstico presentado, de mantenerse el esquema proyectado, en 2026 la inversión educativa se reduciría a la mitad de la registrada una década atrás, mientras que el sistema de ciencia y tecnología sufriría un recorte superior al 30% en términos reales, comprometiendo seriamente la capacidad de desarrollo del país.

La cuestión ambiental ocupa otro lugar central en el documento. En particular, se critica la modificación de la Ley de Glaciares en un contexto internacional que promueve su preservación. Para los firmantes, la intención de transferir a las provincias la facultad de decidir qué cuerpos de hielo proteger desarticula el concepto de “presupuestos mínimos” ambientales y expone a riesgo reservas estratégicas de agua dulce. La advertencia es clara: el desarrollo económico y la actividad minera no pueden avanzar sin límites ni controles, especialmente cuando están en juego bienes naturales esenciales.

El texto también formula una dura acusación sobre los métodos de gobernabilidad del Ejecutivo nacional. En ese punto, denuncia el uso de los Aportes del Tesoro Nacional como una herramienta de presión política sobre las provincias. Según el comunicado, la administración central utiliza fondos que corresponden legítimamente a los distritos como mecanismo de disciplinamiento para condicionar apoyos legislativos. “No se ejerce gobernabilidad: se ejerce coerción”, sintetiza el documento, al tiempo que califica estas prácticas como una degradación de la calidad democrática.

La nómina de adhesiones refleja una amplitud poco habitual. Entre los firmantes se encuentran reconocidos juristas y constitucionalistas, referentes de la cultura y la literatura, intelectuales, científicos y dirigentes políticos de distintas extracciones. Esa diversidad es presentada como una prueba de que la preocupación trasciende identidades partidarias y expresa un malestar extendido en sectores amplios de la sociedad civil.

En el tramo final, la iniciativa apela a la memoria colectiva. Los impulsores sostienen que diciembre de 2025 quedará registrado como un momento bisagra y subrayan la necesidad de dejar constancia de que hubo una reacción frente al recorte de derechos y la redefinición del rol del Estado. El objetivo, afirman, es que las generaciones futuras sepan que existió una resistencia amplia, calificada y pública ante un proceso que consideran regresivo.