Residencias médicas: un proyecto reabre el debate sobre extranjeros, financiamiento y federalismo sanitario

• El proyecto propone que médicos extranjeros paguen una cuota para acceder a residencias.
• Los fondos recaudados se destinarían a mejorar las becas de residentes argentinos.
• La iniciativa impulsa una distribución federal de los residentes extranjeros.
• Carambia argumenta que el esquema actual genera inequidades y subsidia formación transitoria.
• El senador sostiene que la propuesta es constitucional y no restringe derechos.
• El debate quedará para 2026, salvo que sea incluido en sesiones extraordinarias.

Un proyecto presentado en el Senado volvió a poner en discusión el acceso al sistema de residencias médicas y el uso de fondos públicos destinados a la formación profesional. La iniciativa, impulsada por el legislador santacruceño José María Carambia, propone que los médicos extranjeros que ingresen a residencias y perciban una beca deban abonar una cuota, además de ser distribuidos en distintas regiones del país con el objetivo de corregir “situaciones de inequidad” y fortalecer el federalismo sanitario.

La propuesta modifica el artículo 2 de la ley 22.127, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud. En su redacción actual, la norma establece que las residencias se cumplen mediante una beca anual, bajo un régimen de dedicación exclusiva y a tiempo completo, sin distinguir entre ciudadanos argentinos y extranjeros. El proyecto mantiene esa estructura general, pero introduce un cambio clave: precisa que el régimen de beca financiado con fondos públicos está destinado a “argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

A partir de allí, el texto incorpora un tratamiento diferenciado para los profesionales extranjeros. Según la iniciativa, quienes no tengan ciudadanía argentina deberán abonar un monto —a definir por el organismo de conducción del sistema— para acceder a una residencia. Esos recursos, señala el proyecto, se destinarán a incrementar la remuneración de los médicos residentes argentinos. Además, se establece que los residentes extranjeros serán distribuidos entre los distintos establecimientos formadores del país, de acuerdo con criterios de equidad territorial y federalismo, para evitar la concentración en determinadas jurisdicciones.

En los fundamentos, Carambia sostiene que el esquema vigente genera una inequidad estructural. “Actualmente, el sistema otorga becas financiadas con fondos públicos tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros, sin diferenciar entre quienes utilizan el sistema de manera permanente y quienes lo hacen de forma transitoria para su formación”, argumenta. A su entender, ese diseño termina subsidiando la capacitación de profesionales que luego no necesariamente se insertan en el sistema de salud argentino, en detrimento de la mejora de las condiciones laborales y salariales de los médicos nacionales.

La iniciativa plantea un triple objetivo. En primer lugar, proteger a los residentes argentinos, garantizando que la beca que perciben sea “más justa y acorde al esfuerzo y la dedicación” que exige la formación. En segundo término, fortalecer el financiamiento del sistema público de salud, evitando que la formación de profesionales extranjeros implique una carga económica que el senador considera injusta para el Estado. Por último, promover una distribución más equilibrada del recurso humano en todo el territorio nacional, apuntando a reducir asimetrías históricas entre grandes centros urbanos y regiones con menor cobertura sanitaria.

El proyecto también busca anticiparse a eventuales cuestionamientos constitucionales. Carambia subraya que la propuesta se enmarca en los principios de igualdad ante la ley y de reconocimiento de derechos civiles a los extranjeros. En ese sentido, aclara que no se limita el acceso de profesionales extranjeros a las residencias, sino que se organiza bajo un régimen económico diferenciado, basado —según su visión— en un criterio objetivo y razonable orientado a la protección de los recursos públicos y al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

El contexto político no es menor. La iniciativa ingresó al Senado el 13 de noviembre pasado, luego de meses de tensión entre el Ejecutivo y la oposición en torno a la declaración de la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema. Esa ley fue vetada por la Casa Rosada y luego insistida por el Congreso con mayorías agravadas, en un episodio que profundizó el debate sobre el financiamiento de la salud pública y las condiciones laborales del personal médico.

Por calendario parlamentario, el proyecto no podrá comenzar a discutirse en comisión hasta el 1 de marzo próximo, salvo que el Poder Ejecutivo decida incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias. De avanzar, abrirá un debate sensible que cruza cuestiones de equidad, federalismo, derechos de los extranjeros y sostenibilidad del sistema de salud, en un escenario marcado por la escasez de recursos y la creciente demanda sobre el sector público.