El Gobierno descongela los salarios de los funcionarios tras dos años sin aumentos

• El Gobierno firmará un decreto para actualizar los salarios de funcionarios tras casi dos años de congelamiento.
• La medida alcanza al Presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.
• La recomposición no superará los aumentos otorgados a empleados públicos por paritarias.
• En el Ejecutivo admiten que el congelamiento afectó la retención de equipos técnicos.
• El aumento regirá desde enero y no implicará cambios en la política fiscal.
• La Casa Rosada busca presentar la decisión como una corrección puntual y no como un giro en el ajuste.

El Gobierno nacional resolvió avanzar con una actualización salarial para los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, luego de casi dos años de congelamiento. La medida se formalizará este martes mediante un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que será publicado el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, una vez concluidos los trámites administrativos. El alcance incluye al propio Presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según explicaron fuentes oficiales, la decisión apunta a recomponer ingresos que quedaron rezagados frente a la inflación acumulada desde el inicio de la gestión, sin alterar el esquema general de ajuste fiscal que sostiene el Ejecutivo. En ese sentido, el Gobierno aclaró que la recomposición no superará los incrementos otorgados a los empleados públicos a través de las paritarias y que se mantendrá un criterio uniforme en toda la administración.

El congelamiento salarial había sido una de las primeras señales del programa de austeridad impulsado por Milei al asumir. Durante 2024 y 2025, los haberes de los funcionarios quedaron sin actualización, en un contexto de alta inflación que erosionó de manera significativa el poder adquisitivo. Actualmente, el salario bruto del Presidente ronda los cuatro millones de pesos, mientras que la vicepresidenta percibe cerca de 3,7 millones y los ministros alrededor de 3,5 millones. Secretarios y subsecretarios cobran montos menores, de acuerdo con la escala vigente.

En la Casa Rosada admiten que la falta de ajustes comenzó a generar tensiones internas. Con el correr de los meses, se multiplicaron los pedidos de revisión, especialmente en áreas técnicas y estratégicas, donde la brecha con el sector privado se amplió de forma considerable. Según reconocen en el Ejecutivo, la dificultad para retener cuadros especializados se convirtió en un problema operativo, que impactó en la gestión cotidiana.

El decreto fue trabajado en las últimas horas por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, con la intervención de los ministerios de Economía y de Desregulación. La intención oficial es que la actualización rija desde enero y no implique un cambio en la política fiscal. En ese marco, el Gobierno busca evitar que la medida sea interpretada como una señal de relajamiento del ajuste, uno de los pilares del programa económico.

Desde el entorno presidencial remarcan que la decisión no contradice el discurso de austeridad. Sostienen que se trata de una corrección puntual, luego de un período prolongado sin aumentos, y que los salarios jerárquicos no quedaron por encima de la evolución de los ingresos del resto del sector público. “No hay privilegios ni excepciones”, repiten en despachos oficiales, en un intento por anticiparse a las críticas.

El anuncio se produce en un contexto político y social sensible, marcado por negociaciones salariales tensas en distintos sectores y por medidas de fuerza anunciadas por algunos gremios. En ese escenario, el Gobierno apuesta a diferenciar la recomposición de los funcionarios de las discusiones paritarias, subrayando que se trata de universos distintos y de decisiones con lógicas propias.

Con la firma del decreto, el Ejecutivo busca cerrar un capítulo que venía acumulando desgaste interno, sin abrir flancos en el frente fiscal ni en el discurso público. El desafío será administrar el impacto político de la medida en un clima de ajuste persistente, donde cada decisión vinculada a ingresos y salarios es observada con lupa. La actualización, aseguran en la Casa Rosada, es un paso necesario para el funcionamiento del Estado, pero no implica un cambio de rumbo en la estrategia económica.