Denuncias por comida en mal estado y un negocio millonario bajo sospecha en el penal de Ezeiza

• Detenidos de Ezeiza denuncian desde hace años comida en mal estado y condiciones indignas de alimentación.
• El juez Federico Villena investiga un presunto negocio millonario con empresas proveedoras de viandas.
• ANMAT determinó que los alimentos no son aptos para consumo humano por presencia de bacterias peligrosas.
• Biolimp sería una empresa pantalla para que Food Rush siga operando pese a estar inhabilitada.
• Allanamientos alcanzaron a empresas y a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal.
• La causa expone posibles connivencias internas y un esquema de corrupción estructural.

Las denuncias por la pésima calidad de la comida en el penal de Ezeiza volvieron a colocar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el centro de una investigación judicial que expone un entramado de irregularidades, posibles connivencias empresariales y un negocio de cifras millonarias que se sostiene, según los testimonios, a costa de la salud de los detenidos. Los relatos coinciden en un punto: la alimentación que reciben los internos dista de cumplir con estándares mínimos de dignidad humana.

Rubén C., quien estuvo tres años detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 y recuperó la libertad el mes pasado, describió un panorama alarmante. Polenta sin proteínas, fideos con salsas incomibles, compotas de fruta podridas y raciones de carne o pollo que rara vez superaban los 60 gramos forman parte de un menú cotidiano que, según contó, derivó en reiterados problemas gastrointestinales. Durante su detención presentó más de diez habeas corpus por la calidad de la comida, en una cárcel que aloja a cerca de 2.000 personas.

Los reclamos no son aislados. Desde 2016 se acumulan presentaciones judiciales que motivaron al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a unificar las denuncias en una causa única. En 2024, esa investigación derivó en la prohibición para que la empresa Food Rush S.A. continuara brindando el servicio de catering en Ezeiza. Sin embargo, la situación no se resolvió. El mes pasado, una nueva catarata de habeas corpus llevó al magistrado a reabrir el expediente.

Al retomar la investigación, Villena detectó indicios que apuntan a que la actual adjudicataria, Biolimp Soluciones de Calidad S.A., sería una empresa pantalla para permitir que Food Rush siga operando. Según fuentes judiciales, ambas firmas comparten empleados, domicilios y hasta vehículos. Algunos camiones utilizados para el reparto de viandas pertenecen a Food Rush y están ploteados con el nombre Q-Chef, una firma que comparte dirección con Biolimp en Dock Sud.

El negocio detrás del servicio de comidas es de una magnitud significativa. Cada plato se factura a 17.000 pesos y se entregan tres por día por interno. Con una población estimada de 2.000 detenidos, el monto asciende a más de 100 millones de pesos diarios y supera los 37.000 millones de pesos anuales. Aun así, los testimonios dan cuenta de alimentos en mal estado, con presencia de insectos, objetos extraños y signos evidentes de descomposición.

La gravedad de la situación quedó respaldada por los análisis realizados por la ANMAT, que concluyeron que las viandas no son aptas para el consumo humano. En distintos informes se detectaron bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus, todas asociadas a deficiencias severas en higiene, manipulación y almacenamiento de alimentos. Incluso el propio juez Villena probó una de las viandas y sufrió una intoxicación al día siguiente.

Además de la mala calidad de la comida, se denunciaron incumplimientos en las dietas especiales para personas con enfermedades crónicas, falta de medicamentos adecuados y problemas con el agua potable. Familiares de internos relataron que, ante la imposibilidad de consumir la comida provista, muchos presos se ven obligados a comprar alimentos en la cantina del penal, donde los precios son considerablemente más altos que en el exterior.

El expediente avanzó aún más tras la licitación convocada para definir el servicio de los próximos años. Aunque Food Rush estaba inhabilitada, se presentó junto con Biolimp y otras empresas sin antecedentes en el rubro. Ante ese escenario, Villena ordenó allanamientos simultáneos en las firmas involucradas y en las oficinas del SPF, incluida la del director Fernando Martínez. Durante el procedimiento, el funcionario entregó un teléfono antiguo y afirmó haber perdido su celular principal apenas una hora antes, un dato que encendió las alarmas del magistrado.

La situación generó máxima tensión en el allanamiento. Aunque Villena evaluó la posibilidad de detener a Martínez por la irregularidad, optó por no hacerlo para evitar un conflicto institucional mayor. La investigación, sin embargo, continúa y ya cuenta con los teléfonos de empresarios y otros funcionarios penitenciarios.

En los tribunales, la causa es observada como un desafío directo a una estructura que, según fuentes judiciales, funciona como una “mafia enquistada desde hace años”. El avance del expediente promete revelar hasta dónde llegan las responsabilidades en un sistema que, bajo sospecha, habría naturalizado el deterioro de las condiciones básicas de quienes están privados de su libertad.