Rafecas envía al fuero Penal Económico la denuncia por presuntos testaferros vinculados a Tapia

• Rafecas se declaró incompetente y envió la denuncia al fuero Penal Económico.
• La causa investiga la compra de un predio de 105.000 m² en Pilar con instalaciones de alto valor.
• Los señalados como testaferros son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.
• Tapia no está imputado, pero aparece mencionado como posible beneficiario final.
• Los denunciantes aportaron documentos catastrales, societarios y comerciales que consideran inconsistentes.
• La Cámara Penal Económica sorteará qué juzgado continuará la investigación.

La denuncia presentada por Elisa Carrió y los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe contra dos supuestos testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cambió de rumbo judicial. El juez federal Daniel Rafecas resolvió declararse incompetente y remitió el expediente al fuero Penal Económico, al considerar que la naturaleza de los hechos investigados se ajusta más a delitos de orden patrimonial y financiero que a conductas de competencia federal.

La decisión implica que será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la responsable de sortear qué juzgado continuará la pesquisa. Allí se evaluará la posible existencia de maniobras de lavado de activos que habrían facilitado la adquisición de un extenso predio en Pilar, presuntamente vinculado a Tapia a través de intermediarios.

El caso se origina en una presentación que señala directamente a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte como los adquirentes de una propiedad de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar. El inmueble, que destaca por su amplitud y nivel de infraestructura —incluye autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, instalaciones deportivas, una pista de entrenamiento y hasta un helipuerto— generó sospechas entre los denunciantes, que consideran que los ingresos declarados por los compradores no guardan relación con el volumen de la operación.

Los legisladores aportaron registros catastrales, documentos societarios, informes comerciales y material audiovisual que, en su visión, revelan inconsistencias patrimoniales y un nivel de erogación incompatible con la capacidad económica de los señalados. La causa incorporó además datos sobre el rol empresarial y deportivo de Pantano, quien en 2023 asumió como titular de Mendoza Wines SA y comenzó a relacionarse con figuras del negocio futbolístico. Entre ellas, Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici y actor con influencia en mercados del fútbol local e internacional.

La presentación de Carrió también apuntó a los vínculos que los denunciados habrían construido con Tapia, aunque el presidente de la AFA no figura como imputado en la causa. El expediente menciona su nombre como posible beneficiario final de los bienes en disputa, en línea con distintas versiones públicas difundidas en medios y redes sociales. Para los denunciantes, la operación inmobiliaria no puede analizarse sin considerar esa relación, lo que suma un ingrediente político a la trama judicial.

En este contexto, la decisión de Rafecas marca un punto de inflexión. El magistrado sostuvo que no se verificaron elementos que acreditaran la existencia de un delito precedente típico de la competencia federal, como podría ser una maniobra vinculada al narcotráfico, la corrupción o el contrabando. Tampoco encontró circunstancias que justificaran la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal. Así, el expediente quedó encuadrado bajo jurisdicción del fuero Penal Económico, más afín a investigar presuntas inconsistencias financieras y societarias derivadas de la actividad privada.

La resolución no cierra el caso, pero reordena su futuro. El pase de jurisdicción abre un nuevo capítulo que podría determinar si existe o no un flujo financiero irregular detrás de la adquisición del predio. Para Carrió y los legisladores que la acompañan, la magnitud del patrimonio involucrado amerita una investigación exhaustiva, especialmente sobre la procedencia de los fondos y la eventual participación de Tapia.

El presidente de la AFA, cuya influencia excede al fútbol y alcanza espacios políticos vinculados al peronismo, vuelve así a quedar bajo el foco mediático y judicial. Aunque no está formalmente imputado, su nombre aparece estrechamente asociado a una operación patrimonial que promete seguir generando ruido. La continuidad del caso en el fuero Penal Económico definirá los próximos pasos de una controversia que mezcla negocios, poder y tensiones institucionales.